Archivos Mensuales: enero 2013

Esperando la reforma de la Administración Local


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Antonio Ansón. Licencia CC

@Antonio_Anson

Parece que se acerca imparable la aprobación por el Consejo de Ministros del anteproyecto de Ley para la racionalización y sostenibilidad de la Administración Local. Posiblemente el 25 de enero próximo, si es que la incorporación de un decálogo de medidas aprobadas en el en el marco de la XX Intermunicipal del PP no lo retrasa.

No he llegado a ver el decálogo, pero se conoce el informe del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas sobre el anteproyecto, donde se pueden encontrar algunas de las principales medidas.

  • Se clarifican las competencias municipales para evitar duplicidades y eliminar las “competencias impropias”.
  • Se suprimen las 3.725 entidades locales menores existentes, como pedanías o parroquias, que pasan a ser absorbidas por los Ayuntamientos de los que dependan. Por el contrario, no se suprime ningún municipio.
  • Se eliminarán las mancomunidades cuya sostenibilidad financiera no esté asegurada y sus competencias pasarán a ser ejercidas por las Diputaciones provinciales.
  • Se potencia el papel las Diputaciones Provinciales, Consejos Insulares o Cabildos y Comarcas, para la gestión de servicios obligatorios mínimos en municipios inferiores a veinte mil habitantes
  • Se fortalece la figura del interventor municipal, que dependerá funcionalmente de la Administración General del Estado, para dotarle de mayor independencia y objetividad, así como garantizar la legalidad y el control financiero y presupuestario.
  • Ningún alcalde ni presidente de Diputación podrá cobrar más que un ministro (68.981,88 euros) ni las retribuciones de la Corporación Municipal podrán suponer más del 0,6 por 100 del total de gastos del Presupuesto municipal.

Además, a través de un segundo Anteproyecto de Ley, se modifica también la Ley Orgánica del Régimen Electoral General con objeto de reducir en un tercio el número de concejales existentes, que pasan de los 68.578 actuales a 47.240. Ello significa que en las próximas elecciones municipales se elegirán a 21.338 concejales menos, lo que supone un 31,1 por 100 de reducción.

Igualmente, se establece un límite máximo de 35 concejales en los municipios más grandes.

Para quien tenga más interés, el Consejo General de los Colegios Profesionales de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración local nos ofrece un enlace al anteproyecto (versión de 22 de diciembre de 2012) desde el blog nosoloaytos.

Un paso adelante en la reforma de las Administraciones Públicas a seguir con atención. Sorprende que no llegue a plantearse la supresión de municipios, porque no deja de impresionar el dato de que en España tenemos más de 6.800 municipios con menos de 5.000 habitantes, y, de ellos, casi 6.000 no llegan a los 1.000 vecinos. El Consejo de Europa llegó a determinar en 10.400 el umbral de vecinos por ayuntamiento para que existan unas finanzas locales saneadas.

Termino ofreciendo algunos comentarios de interés sobre la reforma municipal, que he leído últimamente, aquí y aquí.

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ACTUALIZACIÓN:

Pues parece que no, que la reforma no se tratará en el próximo Consejo de Ministros del día 25 de enero. Así se ha hecho eco el blog Responsables Personal Ayuntamientos de una noticia de EFE, según la cual fuentes del PP habrían manifestado que la reforma será vista más adelante, sin concretar fecha.

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Las líneas estratégicas del plan de Administración Electrónica del Gobierno 2013-2015


pae_000021315@Antonio_Anson

El Consejo Superior de Administración Electrónica ha aprobado el 17 de enero de 2013 las líneas maestras del plan de Administración Electrónica del Gobierno para 2013-2015.

El plan será elaborado por la Dirección General de Modernización Administrativa, Procedimientos e Impulso de la Administración Electrónica del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, y tiene los siguientes cinco grandes objetivos:

  1.  Utilizar medios y sistemas informáticos para reducir cargas administrativas al ciudadano y a las empresas.
  2. Incrementar el uso de los servicios públicos electrónicos por parte de ciudadanos y empresas.
  3. Optimizar el empleo de las TIC en las Administraciones Públicas.
  4. Cooperación entre la Administración y organizaciones, empresas y agentes sociales, para intercambiar experiencias, proyectos, servicios y aplicaciones de Administración electrónica.
  5. Emplear la tecnología para eliminar la brecha digital.

Entre las acciones (algunas parecen solo declaraciones) que se proponen para alcanzar estos objetivos, podemos encontrar:

  • se avanzará en simplificar los trámites administrativos
  • se propiciará la reutilización de la información del sector público
  • se mejorarán los mecanismos para la identificación y autenticación frente a la Administración, incluso mediante el uso de dispositivos móviles,
  • se hará obligatorio el uso telemático para determinados colectivos profesionales y empresariales,
  • colaboración entre los tres niveles de la Administración: se cita el sistema ORVE, que permite interconectar los registros de las Administraciones.

También se ha refrendado eje de Administración Electrónica de la Agenda Digital para España. La Agenda Digital, en palabras del Gobierno, pretende ser un marco de referencia para establecer una hoja de ruta en materia Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) y de administración electrónica; establecer la estrategia de España para alcanzar los objetivos de la Agenda Digital para Europa; maximizar el impacto de las políticas públicas en TIC para mejorar la productividad y la competitividad; transformar y modernizar la economía y sociedad española mediante un uso eficaz e intensivo de las TIC por ciudadanos, empresas y Administraciones.

Entre tanta declaración  de intenciones, esperamos ansiosos la implantación de tan ambiciosas medidas. La sociedad española no se merece menos.

Aquí hay que hacer algo


Un día duro en el que desayunas leyendo este acertado artículo de Ignacio Gomá en el Blog ¿Hay Derecho? y cenas viendo un bloque de noticias capaz de indigestar a cualquiera: los 22 millones de Bárcenas en Suiza, el ático de Ignacio Gonzalez, el indulto del conductor más que imprudente frente a la entrada en prisión de la joven madre que utilizó una tarjeta que no era suya para gastar 200 euros en un supermercado (mientras los del caso Pallerols no entran en prisión por un bendito acuerdo), otra petición de indulto que no prospera para alguien presuntamente rehabilitado, pero que pena un delito menor. Y Urdangarín de fondo y la música ambiente del euro sanitario, todavía tintineando en el mostrador de la farmacia…

En las claves de la contrareforma administrativa, también reflejé un análisis sobre la clase política española basado en la obra de los profesores norteamericanos Acemoglu y Robinson ‘Por qué fracasan los países’, que me parece, desgraciadamente, acertado. A este libro y al artículo de Cesar Molinas, se refiere el post de Ignacio Gomá al que enlacé al principio. Vale la pena leerlo y pensar un poco en todo lo que está pasando.

Aquí hay que hacer algo.

Cora y la reforma esperada de las Administraciones Públicas


coraSe vuelve a oír hablar estos días de la reforma de las Administraciones Públicas, dos meses después de que el Consejo de Ministros aprobase la creación de una Comisión para la reforma de las Administraciones Públicas. El motivo inmediato se ha encontrado en el cumplimiento de mandatos anteriores, pero no era extraña su creación, ya que un apartado del Plan Nacional de Reformas 2012 fue dedicado a la Modernización de las Administraciones Públicas y de los Servicios Públicos.

Allí aparecen contenidos los que ahora se declaran principales objetivos de la reforma:

1.    detectar y eliminar las duplicidades,
2.    completar la supresión de organismos públicos,
3.    simplificar la burocracia de cara a la creación de empresas y
4.    centralizar la gestión de servicios.

Los medios se han hecho eco de recientes declaraciones según las cuales la Comisión de Reforma de las Administraciones Públicas hará acopio de las propuestas con las que debe preparar un informe que, previsiblemente, será presentado antes del 30 de junio.

Parece que antes de que esta reforma sea presentada, se aprobaría la de los Ayuntamientos. Se habla del Consejo de Ministros de 25 de enero. Esta reforma buscará la centralización de la gestión de servicios y recursos públicos, por lo que podría suponer la supresión de algunas mancomunidades y una clarificación de competencias municipales, para evitar solapamientos.

En cuanto a las medidas previstas para la reforma de las Administraciones Públicas que se han ido conociendo , pueden enumerarse las siguientes:

– Unificación de los boletines oficiales de las comunidades autónomas “para ganar seguridad jurídica”.

– Permitir que las pyme puedan cumplimentar el papeleo municipal después de haber puesto en marcha el negocio.

– Tutela  del cierre de determinadas empresas públicas existentes y limitaciones para la creación de nuevas entidades.

– Simplificación de los tipos de empresas públicas.

– Evaluación aleatoria los contratos públicos de los ayuntamientos por Inspectores del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

No podemos olvidar que, a primeros de enero, se anunció la creación de un Consejo Asesor, presidido por el Presidente de la Comisión, en el que participarán los sindicatos mayoritarios, las asociaciones empresariales, el secretario general del Defensor del Pueblo, un catedrático de Derecho Administrativo y un representante del Consejo de Consumidores y Usuarios.

Además, la Comisión de Reforma para las Administraciones Públicas ha creado un buzón para conocer de primera mano las experiencias de los ciudadanos respecto de las duplicidades y la simplificación administrativa. Como modo de participación en un momento en que los ciudadanos están en las redes sociales, parece un poco pobre.

Bien, esto es todo lo que deja vislumbrar la transparencia de CORA. Esperemos que a medida en que se incrementen los trabajos se vaya conociendo la orientación de las medidas y se sometan a debate público

¿Qué tal si utilizamos las redes sociales para hablar de todo esto?

Trabajador público/Trabajador privado


@Antonio_Anson

Solo pretendo traer aquí algunas aportaciones que he ido leyendo últimamente. Y es que, además del empleador, hay algunas diferencias que vienen saliendo últimamente en la prensa.

La primera, es la que aporta una mayor reflexión. De Samuel Bentolilla en NeG:

¿Cobran más los empleados públicos que los del sector privado?

Me permito entresacar las conclusiones a las que se llegaron tras formular  la pregunta: ¿cuál es la diferencia de salario por hora trabajada entre dos trabajadores, uno del sector público y el otro del privado, con igual edad, ocupación, región, tipo de contrato (temporal o indefinido) y tipo de jornada (completa o parcial)?

En primer lugar, si no se tienen en cuenta las características de los trabajadores se sobrestima la diferencia salarial para los más cualificados.

En segundo lugar, los trabajadores menos cualificados tienen un salario mucho mayor en el sector publico, de alrededor del 33%, tanto para hombres como para mujeres, en el salario mediano. La diferencia es mucho menor para los cualificados, de alrededor del 10%. Sin embargo, la ventaja en favor de los empleados públicos se ha reducido entre 2007 y 2010 (entre otras cosas, por el recorte a los salarios públicos de 2010, del 5% en media).

Por último, las cosas han seguido cambiando entre 2010 y 2012. Por un lado, los salarios del sector privado crecieron en media (según los convenios colectivos) un 3.75% entre 2010 y 2012, mientras que en el sector público se congelaron (además de la supresión de la paga extra de diciembre de 2012, que en principio es temporal). Por otro lado, las horas de trabajo en el sector público se han elevado por ley a 37.5 este año, mientras que la media previa era de 35. Estos cambios han reducido la diferencia salarial favorable al sector público, lo que le hará menos atractivo, en especial para los más cualificados.

La edición 2010 de la Encuesta de Estructura Salarial del INE señaló que el salario anual en el sector público fue un 30.8% más alto que el salario medio, dato del que se hicieron eco los medios de comunicación, por ejemplo aquí..

Tomo las palabras del profesor Samuel Bentolilla:

Dicho así, el dato puede más bien confundir que aclarar. En primer lugar, porque la encuesta no incluye entre los empleados públicos a los funcionarios adscritos a mutualidades –MUFACE, MUGEJU (jueces) e ISFAS (fuerzas armadas). Si no me equivoco, los empleados de los ayuntamientos y de la administración general de las Comunidades Autónomas no están en MUFACE, ni los médicos. Los profesores y los policías, más los empleados de la Administracion Central del Estado, sí están. Según Cinco Días MUFACE tenía 972.114 afiliados activos en 2011, lo que supone un 30% del empleo público según la EPA. Es decir, que se deja fuera a una parte importante de los empleados públicos.

La segunda, la que aporta mayor confusión:

¿Por qué ganan los directivos de empresas públicas un 50% más si el Gobierno bajó su sueldo un 30%?

Y es que la lectura del artículo, no del titular, que busca el impacto inmediato, deja una duda en el aire. Además de las retribuciones fijas, que son las que se han bajado un 30%, se introducen limitaciones en las variables, de forma que, sumadas, no superen el doble de las fijas. Si esto es así, también se están limitando las retribuciones variables, si es que alguna ya alcanzaba el importe de las retribuciones fijas (una vez reducidas en el 30%). Entonces…¿cuál es el sentido del titular?

Siendo constructivo, parece más bien una queja de la falta de transparencia y de la forma de comunicar la medida. Falta de transparencia si no se sabía que los directivos también tenían unas retribuciones variables, lo que no parece de recibo. La medida no estaba siendo bien comunicada si nadie habló del impacto en las retribuciones variables, de manera que se consigue el titular “reducción del 30% de las retribuciones” cuando en realidad la reducción sobre el total, siendo elevada, es mucho menor.

De esta manera se esconde al ciudadano de a pie el alcance real de las medidas, sustituyendo la realidad por titulares que arrojan sombra sobre lo que está detrás oculto.

La tercera, y habrá más, muchas más, por este mundo digital, es la más sencilla y no compara sueldos, sino condiciones de trabajo:

El absentismo por enfermedad del sector privado supera por primera vez al público

Está claro que en el tercer trimestre de 2012 los empleados públicos disfrutaron de más vacaciones que los del sector privado (con un 24% y un 10,9%, respectivamente).

Pero no está tan claro el dato que destaca el titular: ¿El absentismo privado por enfermedad superando al público? La nueva regulación del Real Decreto Ley 20/2012, por la que se reduce la cobertura de los empleados públicos en los primeros días de  incapacidad temporal, no se aplicó hasta la segunda quincena de octubre, de acuerdo con lo previsto en aquél. Entonces, si me permiten la ironía, ¿bastó el anuncio de la medida para ganar la batalla sin bajar del caballo o del autobús? No lo creo. Tampoco lo sé. Pero se me ocurre relacionar este dato con el anterior de las vacaciones y, sin tener los medios para contrastarlo, intuyo que la propensión a estar de baja disminuye en el periodo vacacional.

Mientras, el tiempo pasa y falta menos para disponer de datos del primer trimestre de aplicación del RDL 20/2012, para poder apreciar la tendencia del comportamiento del empleado público y la oportunidad de la medida para atajar el “riesgo moral” que fue dignosticado en el Programa Nacional de reformas (“El fin de la reforma”, página 93).

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¿Qué hay de la motivación del empleado público?

La generosidad del vencedor (Raise our taxes, we can take it)

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@Antonio_Anson

No dejan de sorprenderme las noticias sobre los ricos que solicitan que se les suban los impuestos. Ni es la primera vez que me refiero a los comentarios de Warren Buffett o de Nick Hanauer, que desde el lejano Estados Unidos, lanzan propuestas que cuestionan su propia situación de privilegio frente a las rentas del trabajo.

Hoy me he encontrado con este artículo “Ricos que quieren perder la lucha de clases” donde vuelve a aparecer esta idea tan alejada de todo lo que conocemos por aquí. Como contraste de la diferencia de la que hablo, traigo el recuerdo de este programa o las opiniones callejeras de este otro.

No solo Patriotic Millionaires ha celebrado el aumento de impuestos para los más ricos, sino que, repasando la realidad americana, encontramos que los ricos estadounidenses acostumbran a donar una parte considerable de su fortuna.

El caso es que el autor del artículo, Pablo Pardo, llega a conclusiones que no nos van a sorprender:

Desgraciadamente, este tipo de iniciativas serían inconcebibles en España. Nadie se imagina a ningún multimillonario español donando miles de millones de euros.

Las razones son fundamentalmente culturales, en Estados Unidos no solo está bien visto hacer donaciones, sino que también hay algo simbólico de devolución a la sociedad que ampara a estos empresarios de éxito. Aquí no hay nada parecido.

No debe sorprendernos, por tanto, que no haya iniciativas españolas en que los que más tienen pidan pagar algo más de impuestos. No sería realista.

Actualización

Una aportación más al debate que he encontrado después (a pesar de ser más antigua):

“Que los ricos paguen la crisis no es la solución”