#DirPro Dirección Pública, ¿Para qué?


Elegimos representantes políticos para que tomen decisiones políticas. El papel de la administración pública es trasladar esas decisiones a realidades sociales. Si el gobierno decide que es bueno invertir en un determinado bien público (p.ej. sanidad, seguridad, vivienda), la administración pública (ministerio, agencia, empresa pública) es la llamada a traducir esa política en decisiones y acciones que eficientemente la hagan realidad. Aquí lo que se pretende discutir es si no es mejor para los ciudadanos y contribuyentes que la dirección de la administración pública sea profesional y políticamente neutral.

woman draw a light bulb in white board

Están plenamente establecidas las ventajas de una dirección profesional y de la separación de las carreras de políticos y funcionarios en la literatura sobre administración pública.  Esta es la principal conclusión del estudio de los profesores Dahlstrom y Lapuente, donde se demuestra la correlación entre los sistemas clientelares de administración pública (es decir, que dependen del grupo en el gobierno)  y un mayor grado de corrupción. Algunos países hicieron una transición temprana en el siglo XIX desde sistemas clientelares a profesionales mediante la separación de las carreras de políticos y funcionarios para frenar los niveles relativamente altos de corrupción que existían (es el Caso de Reino Unido e Irlanda, y también está presente en Países Bajos, Dinamarca y Noruega). Estos países ofrecen menores índices de corrupción que los que no separaron políticos y funcionarios. “La meritocracia fue una causa —no el resultado—de un Estado menos corrupto”, concluyen los profesores en su libro.

La consolidación de las carreras de los altos cargos a la sombra de los partidos políticos en el poder es un hecho en España. En el Estudio sobre la Meritocracia en España promovido por la Fundación Hay Derecho se llega a esta conclusión al analizar una muestra representativa de entes públicos estatales. 

España es un ejemplo de sistema clientelar porque al llegar un nuevo gobierno, éste “renueva” todos los altos cargos, y estos a su vez a los otros cargos directivos. El aterrizaje de un nuevo gobierno provoca un efecto en cascada que empieza con el nombramiento de los secretarios de estado y termina con los subdirectores generales y otros puestos de libre designación, en un proceso que puede durar varios meses. Mientras, nada ocurre. Nada, en el sentido de que ningún proyecto importante de la administración (entiéndase importante para los ciudadanos, que son los que pagan), va a ser continuado porque se sabe que será repudiado en breve por los siguientes al mando.

Esta situación, característica de países en desarrollo, se mantiene en España como si fuese normalidad democrática y no un rotundo despilfarro de los recursos públicos. En empresas privadas un cambio en la propiedad sin duda representa cambios en la alta dirección, pero raramente en la parte profesional. ¿Se imaginan que un cambio de presidencia en un banco terminase cambiando a una buena parte de los directores de sucursal? No se consiguen objetivos de negocio colocando a tus afines en todos los cargos sin preocuparte de si tienen o no las habilidades para ejercerlos. En cambio, los grupos políticos lo tienen claro. Tienen que devolver favores y colocar a sus afiliados en todas las posiciones relevantes. El primer valor requerido la lealtad del nombrado, no su capacidad, experiencia o profesionalidad, en suma.[1]

El anteproyecto de Ley de Función Pública de la Administración General del Estado (AGE) es una gran oportunidad para cambiar esta situación. Y la crisis del COVID-19 está siendo una lección para todos. Necesitamos funcionarios de primera línea que respondan tanto en tiempos de emergencia como de normalidad con conocimiento y experiencia acumulada en sus posiciones. Precisamos de un sistema meritocrático que coloque a los mejor preparados en las posiciones más relevantes de la administración, no solo a funcionarios sino también a otros profesionales con vocación por el servicio público.

Si se quiere progresar como país, si se quiere desterrar la corrupción, si se quiere mejorar los servicios públicos tanto como deseamos, necesitamos responsables profesionales cuyo trabajo sea precisamente gestionar lo público en beneficio de todos.

Establecer una dirección pública capaz de frenar la corrupción y mejorar los servicios públicos tiene potencial para mejorar la vida de los ciudadanos españoles. 

 CADA MARTES: cada martes abordamos uno de los temas de debate sobre dirección pública profesional. (Aclaración solicitada: El debate está enfocado al anteproyecto de ley de función pública de la AGE, por lo que en general los textos se refieren a la situación en la AGE o a aspectos comunes a todas las administraciones públicas.)

Nos interesa conocer tu opinión.

OTRAS ENTRADAS QUE PUEDEN INTERESARTE:

#DirPro   Ante la futura Ley de Función Pública de la AGE: la dirección pública profesional a debate

Claves para salir reforzados de la crisis del Covid-19:

Las tres fases de la automatización de la administración pública

____________________________________________________________________________________________

[1] Hasta en la serie Los Soprano (no confundir con Los Serrano) el capo mafioso designa sus capitanes por su capacidad para hacer funcionar el negocio. Por razones obvias, la lealtad es fundamental en este tipo de negocios, lo que traza un irónico paralelismo con el nombramiento clientelar.

17 pensamientos en “#DirPro Dirección Pública, ¿Para qué?

  1. Fernando Díaz Yubero

    Me parece impecable el planteamiento del debate: El papel de la administración pública es trasladar las decisiones políticas a realidades sociales. La Administración Pública tiene que ser una maquinaria eficaz y eficiente, capaz de aplicar adecuadamente las directrices emanadas del Ejecutivo y de las leyes aprobadas por el Legislativo. Y ello ha de hacerse sin planteamientos partidistas o parciales.
    La otra afirmación básica del artículo “España es un ejemplo de sistema clientelar porque al llegar un nuevo gobierno, éste “renueva” todos los altos cargos, y estos a su vez a los otros cargos directivos”, es difícil de rebatir pero me gustaría que no fuera tan cierta.
    Sin embargo, seguramente esto es así en muchas áreas de la Administración Pública en los 3 niveles políticos (estatal, autonómico y local). Pero no creo que en todos los casos ocurra y eso nos daría esperanzas de que la situación puede cambiar.
    Seguro que hay más casos, pero citaré uno que conozco personalmente: en la Agencia Estatal de Administración Tributaria ha habido cambios frecuentes ( y excesivos) del máximo nivel de dirección pero bastante estabilidad en los segundos niveles.
    Hay y ha habido,subdirectores generales con 10/15 o más años de permanencia en el puesto y en los tres casos de cambio de partido en el Gobierno desde la creación de la Agencia (1996, 2004 y 2018) cambió el Director de la Agencia (categoría orgánica de Subsecretario) pero permanecieron al menos la mitad de quienes ocupaban puestos con categoría de Director General y todos ellos eran funcionarios de carrera con larga trayectoria en la Agencia.
    ¿Cómo ha sido el sistema de selección para estos puestos? Discutible, poco previsible y sin una valoración razonable de la trayectoria profesional.
    Pese a todo la Agencia Tributaria es una organización con problemas, pero que funciona razonablemente bien y con un nivel comparable al de las Administraciones de los países más avanzados de la OCDE.
    Creo que la profesionalidad y estabilidad en la línea estratégica y en el personal directivo son la clave y esto avala el cierre de la entrada de Antonio Anson: Establecer una dirección pública capaz de frenar la corrupción y mejorar los servicios públicos tiene potencial para mejorar la vida de los ciudadanos españoles.
    Muchas gracias por lanzar un debate de gran interés.

    Le gusta a 3 personas

    Responder
    1. Antonio_Anson Autor de la entrada

      Creo que hay que enfocar la discusión hacia el núcleo del problema. El marco jurídico actual permite, si no favorece, un comportamiento clientelar promovido desde el nivel político. No habrá un verdadero cambio en el sistema si la ley no cierra esta brecha y abre a la Administración Pública española un nuevo espacio de profesionalidad. En esa nueva situación, cabría esperar que las notables excepciones actuales se volviesen la norma.

      Le gusta a 1 persona

      Responder
  2. Fuencisla Gaitero

    Me gustaría destacar varias afirmaciones que son para mí las principales conclusiones, la del autor del post y las del Estudio sobre la Meritocracia:

    1ª Conclusión:
    Establecer una dirección pública capaz de frenar la corrupción y mejorar los servicios públicos tiene potencial para mejorar la vida de los ciudadanos españoles.

    2º bloque de Conclusiones:
    1. Llevar a cabo procesos de selección públicos y transparentes que garanticen la
    concurrencia y el mérito, independientes del Poder Ejecutivo, en los que se
    establezcan unos requisitos mínimos de formación y de experiencia profesional y en
    los que los candidatos presenten planes estratégicos para la entidad que abarquen
    una duración mínima de 5 años.
    2. Presentar una terna de candidatos con los finalistas al responsable político que
    llevará a cabo la elección final. Si no hubiera candidatos suficientes se repetiría el
    proceso de selección.
    3. Acordar un contrato de desempeño con el directivo elegido con un plazo no inferior a
    5 años y estableciendo claramente los objetivos anuales que se deben cumplir y las
    condiciones necesarias para una posible reelección.
    4. Llevar a cabo evaluaciones anuales del candidato, independientes del Poder
    Ejecutivo. Si no se cumple un mínimo establecido en relación con los objetivos
    anuales, el candidato podrá ser despedido.
    5. Establecer los mecanismos para que los responsables políticos estén obligados al
    cumplimiento de los puntos anteriores y no puedan designar de forma arbitraria los
    responsables de las instituciones públicas.

    Enhorabuena Antonio, por tu post!

    Le gusta a 2 personas

    Responder
    1. Antonio_Anson Autor de la entrada

      En el estudio sobre la Meritocracia de Hay Derecho hay interesantes ideas que pueden resolver las dudas de los que se acercan por primera vez al tema de la dirección pública profesional y no ven muy claro cómo se podría desarrollar en la práctica. Gracias por la inspiradora selección.

      Le gusta a 1 persona

      Responder
  3. Montaña Merchan

    Muy buen post. !!
    Efectivamente hay mucho artículos y opiniones que apoyan la tesis de relacionar + corrupción con +sistema clientelar. En el caso de la Administración Española he visto crecer, en los último 15 años, este sistema. Pero no todo los problemas vienen de los políticos, hay una diversidad. Desde:
    1.- la complicación para formar equipos que hacen que proliferen los asesores externos
    2.- la cantidad de puestos de Directivos que se exceptúan para poder ser ocupados por “no funcionario”, y son aprobados por FP con pocos argumentos. FP deberia cumplir con la Ley y exigir competencias y conocimientos y no admitir ninguna excepción si hay funcionarios que cumplen los requisitos del puesto.
    3 – la falta de apoyo que tiene un funcionario frente a los políticos para decir “denunciar casos de corrupción”. Por ejemplo, yo he asistido a un procesos de selección públicos y “transparentes” en el Defensor del Pueblo, en el que antes de empezar la ronda de entrevistas ya sabia quien iba a ser el elegido. Los demás estábamos para cubrir expediente..
    4 – si no tienes que rendir cuentas ni responsabilidad qué fácil es ocupar un puesto para el que no tienes competencias.
    5- Y lo ultimo encaja en que no se pude establecer una cultura de “no tolerancia a la corrupción” si el punto 4 no funciona y se toman represalias sobre el que levanta el dedo.

    Pero es un asunto sobre el que hay que trabajar si queremos un País de primera línea. Empoderar al empleado público.

    Me gusta

    Responder
    1. Antonio_Anson Autor de la entrada

      Gracias por tu aportación al debate, Montaña. El estudio sobre Los costes económicos del déficit de calidad institucional y la corrupción en España (F. Alcalá/ F. Jiménez) para la Fundación BBVA concluye que la baja calidad de la gobernanza y la corrupción se traducen en menor productividad, mayor desempleo y salarios inferiores a los que serían posibles con mejor entorno institucional. La mejora de la institucionalidad de la Administración Pública requiere una dirección pública profesional. Y eso no se puede hacer de la noche a la mañana, por eso es tan urgente la reforma de la Función Pública en este asunto capital.

      Le gusta a 1 persona

      Responder
  4. Gerardo Bustos

    Antonio, me parece genial esta entrada, sobre todo por el planteamiento del título. Esto de la dirección pública, ¿para qué? Se lo pregunta mucha gente, incluso dentro del sector público. Por eso es bueno dar las razones y quiero destacar una de las razones que mencionas: “No se consiguen objetivos de negocio colocando a tus afines en todos los cargos sin preocuparte de si tienen o no las habilidades para ejercerlos”. Es decir, los malos nombramientos, los nombramientos que responden a intereses de cercanía y no a meritocracia y profesionalidad, tienen un coste: porque no se logran los objetivos perseguidos y/o porque se generan daños evitables.

    Por tanto no estamos hablando de que no se consiga ta o cual cosa, sino de que tenemos un directivo público que por no haber elegido al mejor y más preparado, no logra los mejores resultados. Y eso tiene un coste, que pagamos entre todos. ¿Que pasaría en una empresa donde el directivo fuera alguien cercano y no quien tiene méritos y preparación para ese puesto? Malos resultados, susto del empresario y despido del mal directivo antes de que arruine la empresa. Cuando se está gestionando un bien público la exigencia debería ser la misma.

    Incluyo un texto que publiqué en diciembre pasado en el blog de Legaltoday titulado “Los costes de un mal directivo público”: http://www.legaltoday.com/blogs/transversal/blog-administracion-publica/los-costes-de-un-mal-directivo-publico

    Le gusta a 1 persona

    Responder
    1. Antonio_Anson Autor de la entrada

      Gerardo, leo en tu post, “no son pocas las veces en los que las unidades quedan desmontadas tras su dependencia de un directivo no idóneo; lo que era una organización deviene en mera agrupación de personas, probablemente desmotivadas”. Coincido en la idea. He visto suficientes cambios de jefatura como para no entender que si no hay criterio de selección basado en unas competencias mínimas y un programa de trabajo que garantice hasta un cierto punto la competencia profesional, no solo no se construye sobre lo anterior, es que se vuelve a caer en los mismos errores (¡sí!, ¡los mismos!) que ya se cometieron antes. Un eterno ciclo de la marmota que los funcionarios con alguna experiencia conocen bien.

      Me gusta

      Responder
  5. Juanita

    Estimado Antonio, primero gracias por las referencias y la reflexión sobre este tema, que en estos mementos Covid-9 está develando el nivel o calidad en las habilidades de gestión pública de muchos, que seguro es y sería complicado para cualquiera, pero de haberse sembrado otras condiciones hace muchos años, podrían habernos situado mejor y no encontrarnos con tantas brechas profesionales y materiales muy rezagadas.
    Como muy bien conoces por estos lares pasa algo similar, se enarbola la cruzada de retomar la institucionalidad, se cubre o encubre con trayectorias profesionales aparentes y con proyectos muy frágiles, pero en el fondo se incurren en las mismas discrecionalidades, pero nadie de la directiva lo puede o quiere reconocer porque ese es el clima perverso que provoca el sistema clientelar.
    Pienso que estoy en el grupo que tiene vocación de servicio, aunque también surge la decepción, bueno queda seguir reflexionando, formulándose más preguntas, razonando para mejores respuestas, etc., etc.

    Le gusta a 1 persona

    Responder
  6. Antonio_Anson Autor de la entrada

    Estimada, como sabes bien la reforma de la Función Pública es un tema crucial para la mejora de la gobernanza en Latinoamérica. Los proyectos de reforma se suceden sin que lleguen reformas reales. Quizá la crisis del COVID-19 haga comprender a la sociedad la necesidad de la reforma al comprender la imposibilidad de articular una respuesta eficiente cuando la dirección de lo público no es auténticamente profesional.

    Me gusta

    Responder
  7. Pingback: #DirPro Competencias del directivo público | trabajandomasporunpocomenos

  8. Pingback: #DirPro Sobre el concepto de dirección pública profesional | trabajandomasporunpocomenos

  9. Pingback: #DirPro Ante la futura Ley de Función Pública de la AGE, algunos aspectos esenciales de la dirección pública profesional | trabajandomasporunpocomenos

  10. Pingback: #DirPro ¿Cuánto debe durar el mandato de un directivo público profesional? | trabajandomasporunpocomenos

  11. Pingback: #DirPro 5 requisitos esenciales en la selección de los directivos públicos | trabajandomasporunpocomenos

  12. Pingback: #DirPro Hacia una Autoridad Independiente de Selección de directivos públicos profesionales | trabajandomasporunpocomenos

  13. Pingback: #DirPro: Dirección pública profesional: del coto privado de los funcionarios a la apertura a la sociedad civil | trabajandomasporunpocomenos

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

Conectando a %s