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Las tres fases de la automatización de la administración pública


por Antonio Ansón

Crecí leyendo a Julio Verne y terminé leyendo a Arthur C. Clarke e Isaac Asimov. Ahora que leo sobre robots y economía no puedo evitar pensar en qué ocurrirá en el sector público. Yo lo imagino en tres fases. Una primera fase en que los sistemas tradicionales conviven con proyectos basados en inteligencia artificial (IA). Una segunda en que los sistemas de IA son una realidad, pero hay que supervisarlos y corregir sus carencias. En la tercera fase, los sistemas inteligentes están presentes en la mayoría de la actividad administrativa y el número y perfil de los empleados públicos es muy diferente de las fases anteriores.

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Disfruté leyendo el artículo del maestro Gerardo Bustos sobre los funcionarios del futuro: 10 rasgos del empleado público en 2050. Luego han venido otros artículos sobre cómo será el funcionario del futuro también interesantes¹. En mi opinión, el cambio en el perfil del empleado público va a ser más radical, porque el cambio del escenario tecnológico exigirá un nuevo tipo de habilidades y de vínculos necesarios para sostener el funcionamiento regular de la actividad automatizada de la administración.

Primera fase. Tímidos avances de la automatización

Los expertos en el negocio definirán para los sistemas de inteligencia artificial lo que los robots deben hacer. En esta fase convivirán: (i) los sistemas tradicionales sin apenas informatización;  (ii) sistemas informatizados que no tienen o solo parcialmente disponen de IA; y (iii) otros avanzados, dotados de IA, que se encuentran en fase de implementación y de pruebas, y que apenas tienen impacto en la actividad de la administración. La actividad del sector público apenas presentará variación, salvo el incremento natural de los servicios al ciudadano en el marco de la administración electrónica. Fuerte tendencia a que todo se informatice, sin que este proceso signifique realmente un cambio de enfoque y mentalidad de la gestión pública.

Automatización del SP

Segunda fase.  Consolidación de los sistemas basados en inteligencia artificial

En esta fase la informatización de la administración pública en los países más desarrollados será prácticamente total, y razonablemente avanzada en los países en desarrollo. Los sistemas basados en IA sustituirán las actividades tradicionales por sistemas automatizados de relación con el ciudadano. Los sistemas que no estén dotados de inteligencia quedarán obsoletos y habrá una fuerte tendencia a sustituirlos por IA. Esta etapa reclamará una gran actividad de supervisión y retroalimentación sobre el trabajo de los robots. La función consistirá en asegurarse de que todo está marchando correctamente y de que se corrigen los errores iniciales de programación y de aprendizaje. Los expertos del negocio seguirán siendo un eslabón básico en la producción del resultado, pero el número de los que están en tareas de campo disminuirá rápidamente. Un buen ejemplo de lo que estará pasando es la medicina. En esta fase una buena parte de los médicos ya no se dedicarán a la medicina, sino a hacer que los sistemas de inteligencia artificial aprendan a diagnosticar.

Tercera fase. Los sistemas de IA predominan en la administración pública

Gran impacto en la función pública porque el perfil de los empleados públicos ha cambiado radicalmente. Los funcionarios conocerán el negocio, pero desde el punto de vista de su gestión automatizada, y serán sobre todo expertos en automatización y en el manejo de máquinas dotadas de inteligencia artificial. En este momento los verdaderos expertos en el negocio serán los sistemas dotados de inteligencia artificial aplicada. El número de empleados públicos directos habrá disminuido radicalmente. La dirección de los grandes servicios se llevará a cabo por personal reducido desde centros de control remoto. Muchas empresas especializadas trabajarán para la administración para asegurar que sus sistemas funcionan y son seguros.

Conclusiones

Creo que imaginar ayuda a prepararnos para el futuro. En una realidad donde lo único cierto es el cambio, el sector público no quedará al margen de esta revolución tecnológica. La aceleración de los cambios sociales que la acompaña está provocando una demanda social de mayor conexión con la administración, más transparencia, mejores servicios y más económicos, mayor agilidad de la acción administrativa y menores costes de cumplimiento.

La respuesta a la demanda social de mayor conexión, más transparencia, mejores servicios, más agilidad de la acción administrativa y menores costes de cumplimiento estará basada en la tecnología. Y será la tecnología la que transformará la administración pública que ahora conocemos.

¿Tiempos? A la vista de la rapidez con que ocurren los procesos de renovación tecnológica creo que no tendremos que esperar mucho para ver y tocar los cambios.

@Antonio_Anson

Notas

¹  Hacia el nuevo empleado público digital de Belén Espejo; 10 habilidades que necesitarás en 2020  de la revista Insider y El perfil del nuevo empleado público de Victor Almonacid

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// GERARDO BUSTOS //

Las Administraciones Públicas no cuidan el lenguaje. No se preocupan de que los ciudadanos entiendan los escritos, que esencialmente van dirigidos a los ciudadanos. Con frecuencia los escritos administrativos son jeroglíficos plagados de referencias legales y frases yuxtapuestas en las que uno ha perdido el hilo a mitad del párrafo. Eso cuando no perdemos la respiración por falta de puntuación. A final de este artículo, un reciente ejemplo habla por sí solo.

 ¿Nos entienden los ciudadanos?

En los ochenta tuve la suerte de conocer en el entonces Ministerio de Obras Públicas Y Urbanismo (MOPU) a Juan García Hortelano. Era funcionario de día y escritor y tertuliano de noche; un lujo de funcionario y un lujo de compañero. Se me ha quedado grabada su insistencia en marcar la importancia de que cualquier texto administrativo tiene que estar bien escrito, aunque sea un oficio de dos líneas o un escrito secundario.

Tenía García Hortelano más razón que un santo. Los textos de lenguaje administrativo son vías de comunicación con el ciudadano y no hay comunicación sin claridad y comprensión del mensaje. Dicho en palabras de la jueza jubilada Manuela Carmena: “Para que se nos obedezca, es imprescindible que se nos entienda”.

Fernando Vilches Vivancos, director del Departamento de Lengua Española de la Universidad Rey Juan Carlos, en su brillante ponencia “Texto y contexto en el lenguaje administrativo… ¿Por qué no nos entienden los ciudadanos?” , define muy bien el problema: “Es necesario que el empleado público de cualquier Administración asuma que su función no se agota cuando resuelve un asunto o establece una regulación normativa, sino que se extiende también a que esa decisión o disposición sea entendible por los afectados y, en su caso, por el público en general directamente”.

 La normativa aboga por un lenguaje claro

 Hace años que la normativa aboga por un lenguaje claro. Un caso claro lo tenemos en la ya derogada Orden de 7 de julio de 1986, de la Presidencia del Gobierno, que señala en cuanto a la claridad de dichas comunicaciones: “Los documentos que materializan las relaciones Administración-ciudadano, incluso los que se ajustan al modelo oficial, contribuyen frecuentemente de modo negativo al acercamiento entre ambos, bien sea por la oscuridad del lenguaje utilizado, o bien, por la omisión de datos cuya ausencia complica la gestión ante los organismos públicos”.

 Cela y la revisión de la Constitución

Quizá sea un empeño de escritores. Hay muchas anécdotas en este sentido. A mí me llama la atención lo ocurrido con Camilo José Cela. Fue nombrado en 1977 senador por designación real en las Cortes Constituyentes. Su papel casi se limitó a la participación en la revisión que el Senado efectuó al borrador del texto constitucional elaborado por el Congreso de los Diputados. Cela presentó 41 enmiendas al texto constitucional. De esas 41 enmiendas sólo se mantuvieron estas dos en el texto definitivo: denominar a la lengua oficial del Estado como «castellano o español» y que el color «gualda» (término más propio de la heráldica) de la bandera española sea designado como «amarillo».

Naturalmente, no gustó mucho a Cela ese pobre resultado a su esfuerzo lingüístico. Para remediarlo llegó a proponer que la Constitución se redactara de nuevo, sin cambiar el contenido pero mejor escrita. Para ello, propuso que los redactores fueran Rafael Alberti por el Congreso, el propio Cela por el Senado y Fernando Lázaro Carreter por la Real Academia. Tampoco esa propuesta fue aceptada.

 No hay manual de lenguaje administrativo

No es por falta de bibliografía. Javier Badía en su blog “Lenguaje administrativo” recoge una nutrida y encomiable selección bibliográfica. Pero coincido con él a la hora de echar en falta un manual de lenguaje administrativo oficial que pudiera servir de libro de cabecera para las distintas Administraciones Públicas. Lo hubo en tiempos, pero quedó desfasado.

También coincido con Javier Badía en la importancia de usar a Azorín como referente para escribir con claridad. A mí Azorín me parece fundamental por la claridad, la sencillez y la frase corta. A todo el que me quiere oír siempre recomiendo leer “Las confesiones de un pequeño filósofo”. Magistral y una buena lección de textos con frases cortas, sencillas y claras.

El penúltimo jeroglífico aparecido en el BOE

Para muestra, bien vale un botón. Este anuncio de la Junta de Contratación del Ministerio de Defensa habla por sí solo. Sobran las palabras, basta con leerlo. Y por si alguien duda de su veracidad (cosa que entendería), además del reproducir el texto incluyo también el enlace a su publicación en el BOE.

“A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones. MINISTERIO DE DEFENSA. 21943

Anuncio de la Junta de Contratación del Ministerio de Defensa por el que se hace pública la modificación del ‘Anuncio de la Junta de Contratación del Ministerio de Defensa por el que se hace pública la modificación del anuncio de la Junta de Contratación del Ministerio de Defensa por el que se hacen públicas las modificaciones de dos anuncios relativos a una misma licitación: El anuncio de la Junta de Contratación del Ministerio de Defensa por el que se convoca la licitación del acuerdo marco para el servicio de operador logístico para las Fuerzas Armadas en el Ministerio de Defensa y el anuncio de la Junta de Contratación del Ministerio de Defensa por el que se hace pública una modificación del anuncio de la Junta por el que se convoca la licitación para el acuerdo marco para el servicio de operador logístico para las Fuerzas Armadas en el Ministerio de Defensa`”.

Algo recuerda a aquello de “la parte contratante de la primera parte de la parte contratante...”

 ¿Quieres ampliar tu conocimiento sobre el lenguaje administrativo?

No obstante, si deseas conocer otras  lindezas que han llegado a publicarse en el BOE, Javier Badía tiene una sección que se denomina justamente “Perlas del BOE”.

 En el blog de Badía el lector podrá saciar con creces su sed de conocer el lenguaje administrativo. Y si quiere más, resulta muy aconsejable la amplia bibliografía que contiene, a la que me he referido antes.

 Por último, la Wikipedia dedica un espacio lo suficientemente amplio como para adquirir un barniz básico del tema.

 Al final, lo realmente importante es la pregunta del millón: ¿entienden los ciudadanos los escritos de las Administraciones Públicas?

La libre designación no es un cargo de confianza


@Antonio_Anson

Los sucesos de los últimos días en la Agencia Tributaria, con la dimisión del Director de la Inspección Financiera y Tributaria, cuando no se han apagado los ecos de una polémica anterior, las nuevas destituciones y la promesa de otras, unido a las declaraciones del máximo responsable político (no solo de Hacienda, sino también de Administraciones Públicas), han zarandeado una institución que ha gozado desde su creación en 1992 de un merecido prestigio de profesionalidad ante la sociedad española. Todo esto ha llevado a que se repita como un mantra que los cargos de libre designación son de confianza. Muy alejado del modelo profesional de Administración Pública que proponemos desde aquí.

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             La libre designación no es un cargo de confianza. Tampoco es un cargo político. Es un puesto para el que se necesitan habilidades que van mas allá de las que es posible valorar en un concurso, por implicar el ejercicio de funciones directivas con mayor o menor responsabilidad.

Si los puestos de libre designación fuesen cargos de confianza, al frente de las posiciones de responsabilidad no encontraríamos necesariamente a los más capaces o preparados, sino a los más afines (por razones de amistad, políticas, sociales, familiares o de otro tipo de afinidad).  No hay que negar que algunos puestos han de ser de confianza, un jefe de gabinete, por ejemplo. Igual que un subsecretario o un secretario de estado encajarían bien en el concepto de cargo político. Pero pretender gobernar una institución a base de cargos de confianza no responde a ninguna lógica profesional. Muestra hasta qué punto el concepto de cargo político y cargo de confianza se está generalizando, alejándonos de un gobierno profesional de las instituciones. No es algo nuevo, pero nunca esta cuestión llegó con tanta fuerza a la opinión pública.

Además, mantener públicamente que estos puestos son de confianza da pie a que los ciudadanos entiendan otra cosa. Como muestra traigo un comentario a la noticia de El Mundo “Cadena de destituciones por teléfono en la Agencia Tributaria”

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Se necesitaría toda una vida para responder a los comentarios que han sido expresados en los medios digitales y las redes sociales, para aclarar los conceptos y el funcionamiento interno de las Administraciones, donde profesionalmente trabajan al servicio del ciudadano muchos empleados públicos, en puestos de concurso o de libre designación. Pero la idea que ha transcendido es la que refleja el comentario anterior, desazonante para cualquiera que pretenda una Administración moderna y profesional.

Si para cubrir puestos en la Administración no se atendiese a criterios de profesionalidad acreditables, sino exclusivamente a la confianza, se estaría comprometiendo profundamente el ejercicio de la función directiva en la Administración Publica.  La gravedad reside en que el nombramiento y relevo de cualquier cargo político de la máxima responsabilidad en un organismo público llevaría aparejada la destitución de todos los colaboradores que ejerciesen funciones de jefatura. Salvo, quizá, los afortunados que gozasen de la confianza del nuevo jefe.

Como forma de organización de la dirección de un organismo, este sistema provocaría  una defectuosa gestión  del talento, ya que un sistema basado en la confianza personal no asegura una gestión profesional y responsable, sino tan solo una gestión fiel. Fiel no a la Administración o a los intereses ciudadanos. Solo fiel a quien los ha nombrado.

Además, provocaría que quedasen separados de tareas directivas funcionarios que desarrollan adecuadamente su función, por no gozar de la confianza del nuevo dirigente como única o principal razón.

Entender que la libre designación es una gestión basada en la confianza es realizar un salto en el tiempo hacia una España que retrató con maestría Benito Perez Galdós (me viene a la memoria la magistral novela Miau). Un cambio político provocaba un aluvión de cesantes. No es que una gestión inadecuada de la libre designación nos lleve a la España de final del XIX. Pero sin embargo cambiar con cada cambio político los puestos de relevancia, atendiendo a la confianza personal que merezcan, es la negación de la profesionalidad de la dirección publica.

La profesionalidad de los empleados públicos, la evaluación del desempeño de todos los cargos de responsabilidad de las Administraciones públicas y un ejercicio transparente del poder son los mecanismos que pueden acercarnos hacia la Administración Pública que necesita España.

Frente a esto, el cargo de confianza propicia una situación de riesgo objetivo de injerencias políticas. Y es evidente que en este momento las instituciones necesitan ganar en confianza frente a los ciudadanos. No crear nuevos recelos.

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