La reforma de la Administración Local a debate

Traigo aquí a este post unos rápidos apuntes sobre este interesante foro de debate organizado por ESADE el pasado jueves 19 de junio sobre los principales objetivos y medidas de la reforma de la Administración Local. Dichas medidas forman parte del informe CORA que se presentó el pasado viernes por el Gobierno.

Fuencisla Gaitero

La intervención de Manuel Arenilla Saez. Director del INAP. Doctor en Ciencias Políticas y de la Administración, pertenece al Cuerpo de Administradores Civiles del Estado

Facilitando una serie de datos que han permitido realizar un diagnóstico como punto de partida, destacó las enormes limitaciones existentes por la gran heterogeneidad en nuestros municipios. Resaltó como una de sus carcaterísticas más relevantes el «inframunicipalismo» y la «debilidad finaciera». Destacó la gran «fragmentación» y «segmentación» presente en los 15.370 entes locales que existen entre ayuntamientos, diputaciones, etc..

También señaló, con relación a los municipios de tamaño pequeño, la inexistencia de su sometimiento a órganos de control o al Tribunal de Cuentas y su falta de «profesionalización».

Otro dato que mencionó fue que en los municipios de menos de 5.000 habitantes se paga tres veces más por el mismo servicio que en otros de gran tamaño.

Aclaró lo que no será o hará la futura Ley: No será una Ley General de la Administración Local, no suprimirá entidades locales, no supondrá la privatización de servicios, no será una ley sobre financiación local, ni prohibirá competencias.

La ley establecerá una gradación de competencias municipales: las obligatorias y otras que podrán ejercerse si hay estabilidad presupuestaria. También permitirá llevar a las Comunidades Autónomas aquellas competencias que esten duplicadas en los Ayuntamientos (competencias impropias).

Francisco de la Torre Prados. Partido Popular. Alcalde de Málaga y senador

Su valoración resaltó que la ley será un paso importante pero no suficiente, poniendo especial énfasis en el Informe emitido en 2012 por el Consejo Europeo, según el cual los municipios de los paises europeos superan en 2 ó 3 veces el presupuesto medio per cápita que gestionan los nuestros.

A su juicio, se debería tender a una mayor descentralización de competencias y servicios hacia la Administración Local.

Odón Elorza González. PSOE. Diputado por Guipúzcoa y ex-Alcalde de San Sebastián

Su intervención fué la más crítica: señaló que la ley va a suponer una reforma de la Administración Local que no solucionará los problemas graves, dado que la deuda de los municipios de pequeño tamaño sólo representa el 25% del total de la de las Corporaciones Locales, siendo el mayor porcentaje de deuda el que se deriva de los grandes municipios como Madrid y Barcelona.

Esta ley, en su opinión, provocará más desafección de los ciudadanos hacia los Ayuntamientos y generará dudas sobre a quién deberán acudir para un determinado servicio, si a la Comunidades Autónomas o a su Ayuntamiento.

Enumeró a continuación lo que, según su parecer, eran los verdaderos problemas de los ayuntamientos:

– Financiación insuficiente, agravado por el hecho de que habían perdido los ingresos derivados de los negocios inmobiliarios

– Problemas internos por no poder aplicar políticas de movilidad de las plantillas con el hándicap de una fuerte presencia sindical.

– Ineficaz funcionamiento de las mesas de contratación, respecto de lo que propuso como mejora dotar de más funciones a Interventores y a Secretarios de Ayuntamiento para evitar las contrataciones irregulares.

José Masa Díaz. IU. Alcalde de Rivas-Vaciamadrid

Trasladó la primera impresión que había tenido sobre el proyecto de reforma y esta era que es profundamente político. Sostuvo que sí debía de haber reforma porque así lo reclamaba el «municipalismo» y sobre todo, teniendo en cuenta que el legislador no había resuelto aún el problema de las autonomías.

A su juicio el principal problema residía en la profunda «asimetría financiera» y defendió su tesis: la administración más cercana al ciudadano es la que debe prestar el sevicio. Compartió lo que, a su parecer, son las competencias impropias: servicios que prestan los ayuntamientos pactados con las Comunidaes Autónomas y que luego éstas no financian.

A su juicio, la ley no contemplaba la solución de problemas reales como la inmigración y la desigualdad entre los ciudadanos. Sostuvo que se percibía un claro intento «recentralizador» que provocará que determinados Ayuntamientos se conviertan en meros entes administrativos y también una cierta tendencia a la «privatización» de los servicios.

Tras abrir a continuación un turno réplicas y contrarréplicas me quedo como principales aportaciones de los Alcaldes y ex-alcalde:

Que no le podemos pedir a la Ley lo que no han hecho las autonomías,
Que han tenido problemas de suficiencia financiera pero que, en parte, se lo han buscado los propios gestores municipales (F. de la Torre) ,

Que el ciudadano no sabrá a quién acudir, si al ayuntamiento o a la Comunidad Autónoma,
Que la reforma resulta imprescindible pero que debería acometerse a través de la reducción de una estructura sobredimensionada y ajustando la estabilidad financiera (O. Elorza),

Que resulta imprencindible una reforma en profundidad de toda la Administración Pública,
Que es necesaria la presencia de los Ayuntamientos en el Consejo Interterritorial y en el de Política Fiscal y Financiera y
Que la participación de los tributos debería pasar de un 13% a un 20% (J. Masa).

Una reflexión final que se traduce de todo lo manifestado por los intervinientes con experiencia en la gestion de Ayuntamientos:

Parece que la reforma se queda corta, especialmente porque, en gran medida, pivotará sobre decisiones adoptadas por las Comunidades Autónomas, que además serán desiguales generando al fin y a la postre más confusión y un empeoramiento de los servicios públicos al ciudadano.

Una última recomendación: leer en profundidad el Informe Cora y esperar….