#DirPro Competencias del directivo público

Gema T. Pérez Ramón

El directivo público es un estratega, un ejecutivo y un líder.

Aunque solo sea por eso, bien merece una norma.

Las función directiva engloba el conjunto de actuaciones llevadas a cabo por la cúspide de la organización encaminadas a coordinar e integrar todos los factores de los que se dispone para alcanzar los objetivos marcados.

En el ámbito privado las competencias que se exigen para ser directivo son de tal envergadura que nuestras universidades imparten grados y másteres dedicados en exclusiva a preparar personas para dirigir empresas.

¿Qué ocurre con la dirección pública?

Analicemos qué nos dice la legislación vigente ( art.13 EBEP ) en la única norma que lo regula hasta el momento: » Es personal directivo el que desarrolla funciones directivas profesionales en las Administraciones Públicas, definidas como tales en las normas específicas de cada Administración».

¿Quiere esto decir que no hay competencias comunes a todos los directivos públicos? ¿Quiere decir que va a depender de cada norma específica su regulación? ¿No existe por tanto unas habilidades que se deban exigir por igual a todos los directivos públicos? Todos sabemos las respuestas, no tengamos miedo a plasmarlas en una norma.

Intentando simplificar mucho, para su análisis propongo analizar las competencias siguiendo el modelo Mintzberg, uno de los grandes maestros de diseño organizacional, con una aproximación a las características específicas que tienen las organizaciones públicas .

Las competencias del directivo público se pueden sintetizar en las siguientes:

Competencias decisorias :

1. La resolución de conflictos: el directivo público tiene que tener habilidades y estar formado para comprender e intervenir en la resolución pacífica y lo más consensuada posible ante los muchos enfrentamientos que se le ponen por delante.
2. Competencias innovadoras: los directivos son quienes introducen, controlan y gestionan el cambio de las organizaciones públicas.
3. Competencias negociadoras tanto entre los miembros de la organización pública
   como con su entorno, desarrollando estrategias negociadoras y aprendiendo a conocer y a tratar a quienes negocian.
4. Función de asignación de recursos: el directivo público
   será quien se encargue de distribuir los recursos
   disponibles decidiendo entre diferentes alternativas o usos. Hace falta tener las cosas muy claras para hacerlo bien.

Competencias informativas :

1. Actuar como monitor de la información: de tal modo que es el encargado de buscar, ordenar y analizar la información sobre el funcionamiento de la organización y de su entorno. Las nuevas tecnologías son nuestras aliadas.

2. Ser difusor y portavoz tanto dentro como fuera de la
organización. La información no es el poder, el poder es saber hacer que la información llegue a todos los que tiene que llegar.

3. Competencias de control de los recursos humanos y de los medios materiales y económicos de los que se dispone, del entorno, del cumplimiento de la legislación, de la bondad de los resultados, etc, etc, etc. Creo que esta competencia está bastante interiorizada en nuestras organizaciones públicas, todos hemos conocido a auténticos controllers que están a un paso de convertirse en destroyers.

Competencias interpersonales:

1.Funciones de enlace: creando, manteniendo, y usando redes de contacto para
conseguir los fines administrativos. Las habilidades de relación de los directivos públicos son fundamentales, tienen que ser los grandes relaciones públicas y no se pueden permitir el lujo de que se les cierre ninguna puerta en ningún caso. Para eso hay que tener mucha paciencia y altas dosis de generosidad

2. Funciones de representación: siendo la cara e imagen de unidad de la organización, y ejerciendo todas las competencias que jurídicamente implica esa representación (firma, responsabilidad, principio de jerarquía, etc).

3.Funciones de líder de la organización con capacidad para influir en el equipo de trabajo para conseguir llegar a la meta. Un buen líder público consigue que los empleados públicos actúen con disposición, honestidad y confianza en la labor de transformar y evolucionar hacia unos servicios públicos mejores.

De este modo, y según las actividades que acabamos de definir, se podría
considerar al directivo público como un estratega, un ejecutivo y un líder.

Ahí es nada.

Y todo eso sin estatuto ni regulación específica.

Puedo estar equivocada y el tema no es tan importante como pienso.

¿Y tú qué opinas?

CADA MARTES: cada martes abordamos uno de los temas de debate sobre dirección pública profesional. (Aclaración solicitada: El debate está enfocado al anteproyecto de ley de función pública de la AGE, por lo que en general los textos se refieren a la situación en la AGE o a aspectos comunes a todas las administraciones públicas.)

Nos interesa conocer tu opinión.

Temas publicados hasta ahora:

Ante la futura Ley de Función Pública de la AGE: la dirección pública profesional a debate

Dirección Pública, ¿Para qué?

 

Algoritmos y Administración Pública: no a los robots supremacistas

Por Antonio Ansón

Los algoritmos lo van a tomar todo. Lo están tomando todo. Pero, ¿son sus sesgos inevitables? Desgraciadamente, más inteligencia artificial no garantiza más libertad o igualdad. Nadie quiere un futuro de robots supremacistas, racistas o sexistas que amplifiquen lo peor de nuestras sociedades. La Administración Pública va a jugar un papel muy importante en la vigilancia de las condiciones en que la libertad y la igualdad pueden ser efectivas.

Blue. Chad Ajamian

Los algoritmos y sus ¿inevitables? sesgos

En estos años estamos viendo el desarrollo de los algoritmos que nos acercan a la inteligencia artificial a una velocidad sorprendente -inesperada solo hace unos pocos años. También hemos podido leer sobre los sesgos que parecen acompañar a su evolución y que se ven amplificados por el algoritmo.

Los modelos predictivos amplifican los sesgos que contienen los datos. Así puede verse en el reciente estudio de la Universidad de Virginia Men Also Like Shopping (1). Un recomendable artículo de Javier Salas en El Pais (2), mostraba palpables ejemplos de cómo los sesgos están afectando  a los modelos predictivos actuales y las dificultades para detectarlos y corregirlos.

Más inteligencia artificial no garantiza más libertad o igualdad

La automatización de las sociedades avanzadas está siendo un fenómeno imparable que es visto con esperanza y con desconfianza a la vez. Los algoritmos de los que hablamos son esas sofisticadas instrucciones de programación que rigen el funcionamiento de los sistemas informáticos. Y los más sofisticados de ellos permiten que las máquinas puedan aprender a pensar por si mismas.

Pero, ¿que ocurriría si estos algoritmos que nos hacen la vida más fácil se equivocan en contra de un grupo, de una raza, de un género, de una legítima opción política, de una elección vital?

Virginia Eubanks presenta en su libro Automating Inequality (3) varios casos en que los servicios sociales en los Estados Unidos automatizaron la decisión sobre las solicitudes de asistencia, crearon un registro electrónico para las personas sin hogar o un modelo productivo sobre qué niños serían en el futuro víctimas de abusos. Las conclusiones fueron desoladoras, ya que estos nuevos sistemas mostraron una clara discriminación hacia las comunidades más pobres. La científica Cathy O’Neil piensa que el Big Data está aumentando la desigualdad y amenazando la democracia (Weapons of Math Destruction).

No podemos perder el control de nuestras democracias. La discriminación encubierta bajo el telón de la programación avanzada no es tolerable. Pero sin duda es una tarea imposible para el ciudadano individual enfrentarse a este tipo de ataque a sus libertades. En las democracias avanzadas la obligación de los poderes públicos es garantizar la libertad e igualdad del individuo y de los grupos en que se integra. Los poderes públicos ante esta situación deben utilizar sus potestades para garantizar que el principio de igualdad se hace  efectivo.

Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social (Artículo 9 de la constitución española de 1978)

¿Cual es el papel que pueden jugar los poderes públicos en el desarrollo de los algoritmos que afectan a los ciudadanos y a los grupos sociales? 

Quien tiene la responsabilidad de garantizar las condiciones para que la libertad y la igualdad de los individuos sean reales y efectivas,  tendrá que lidiar en breve con los algoritmos. Nada más fácil que disfrazar de neutralidad tecnológica la discriminación social. La Administración Pública tendrá un papel relevante en que la libertad individual y la igualdad no se vean perjudicadas por el avance de la automatización.

Recientemente hemos podido leer en The Economist un artículo (Are programs better than people at predicting reoffending?) preguntándose si los programas son mejores que las personas prediciendo la reincidencia (de un reo).  Por ahora los programas solo se acercan al buen juicio de las personas cuando usan pocas variables. Pero se abre el paso a que en el futuro sean juzgados por una máquina incluso temas tan delicados que afecten a derechos de la persona (la libertad de un detenido).

Entre este caso extremo y la realidad actual hay un enorme campo donde los algoritmos van a estar presentes: a la hora de resolver la concesión de una beca, en la admisión a una prueba de acceso, en la resolución de una reclamación, en la concesión de un beneficio social (como la prestación del paro), en las certificaciones administrativas y en muchas más que no es difícil de imaginar. Estamos en un momento en que la administración pública dispone de más datos y que, en breve, dispondrá de la tecnología y los algoritmos para hacer un uso eficaz de éstos.

Es crucial evitar que la neutralidad de la administración quede comprometida

Cuando estos algoritmos sean utilizados efectivamente por la administración, la transparencia y la rendición de cuentas deberá ser extrema para evitar la discriminación a través de sesgos basados en raza, género, religión o la más común, pobreza.

También la neutralidad en el aparato electoral y en las campañas electorales (pieza básica del engranaje) debe estar garantizada. Nos gustaría ver a los bots que contaminan el proceso democrático expulsados de las herramientas de comunicación social.

Conclusiones

La automatización está planteando un reto nuevo para los poderes públicos: evitar la discriminación enmascarada en los algoritmos.

La Administración Pública debe jugar un papel relevante en esta labor de defensa de la igualdad de los individuos y grupos sociales ante los avances tecnológicos. Nadie de buena voluntad puede querer un futuro de robots supremacistas, racistas o sexistas que amplifiquen lo peor de nuestras sociedades.

Creo que la protección de los ciudadanos frente a los sesgos discriminatorios presentes en los algoritmos es un ejemplo de los nuevos papeles acordes con los tiempos que la Administración Pública habrá de asumir. Sin embargo, aún falta preparación para enfrentarse a este reto: cuesta creer que los responsables de gestionar esto vayan a ser funcionarios por decimonónica oposición sin más bagaje ni preparación que un temario en ristre.

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(1) Men Also Like Shopping) Reducing Gender Bias Amplification Using Corpus-Level Constraints (2017, Hiao, Wang, Yatkar, Ordoñez)

(2) Si está en la cocina, es una mujer: cómo los algoritmos refuerzan los prejuicios,

(3) Automating Inequality: How High-Tech Tools Profile, Police, and Punish the Poor (Virginia Eubanks)

 

Administración pública y revolución tecnológica: 5 cambios radicales

Por Antonio Ansón 

La actual revolución tecnológica no va a dejar indiferente a las administraciones públicas. La implantación de un sistema de gestión de riesgos, los cambios en los perfiles de puestos y en el sistema de acceso a la Administración, la automatización y  la implantación de un sistema de evaluación del desempeño son algunas tendencias que marcaran los cambios en la administración pública de los próximos años.

Empujados por el cambio tecnológico creo que vamos a ver en breve algunos movimientos en las administraciones públicas. La pregunta que nos hacemos es qué cambiará en la administración pública tradicional. Y hemos encontrado 5 respuestas.

1. Implantación de la gestión de riesgos en la administración pública 

La disponibilidad creciente de datos sobre los ciudadanos permitirá la extensión de la utilización de técnicas de gestión de riesgo con el fin de racionalizar los recursos disponibles y ordenar la acción administrativa hacia sus objetivos de servicio a la sociedad.

La gestión del riesgo es un proceso por el que identifican, valoran y priorizan los riesgos asociados a una actividad,  tomando acciones  para reducir o minimizar su impacto

Australia, pionera en la aplicación de la gestión de riesgos a la actividad administrativa, ya en 2004 ¹ exigió a los directorios de las agencias estatales informar acerca de los principales riesgos identificados, el sistema de gestión de riesgos establecido y las medidas de mitigación puestas en marcha. Ahora que los avances tecnológicos hacen mucho más fácil  la aplicación de la gestión de riesgos a la administración, es el momento de reorientar la función pública hacia su papel, en una sociedad que demanda más transparencia y rendición de cuentas.

2. Cambio de los perfiles de los puestos de trabajo en la administración

Hasta ahora la administración pública ha seguido creando puestos tradicionales mientras las necesidades de nuevos perfiles se hace cada vez más patente. La necesidad de trabajar con un volumen creciente de datos, la oferta de servicios por Internet que va cambiando la orientación de la atención al ciudadano, las posibilidades inmensas de automatización de los servicios, todo ello, cambiará el perfil del trabajador público y condicionará la futura oferta pública de empleo. Los tradicionales cuerpos de funcionarios se verán afectados por la creación de los nuevos perfiles, exigiendo una profunda adaptación y flexibilidad frente a las nuevas realidades.

3. Cambio en las formas de acceso

Aparición de nuevas formas de contratación, acordes con el auto empleo y la especialización creciente. No imagino a la administración pública contratando community managers por oposición.  De hecho, se trata de incorporar figuras que no existen en la administración actual, por lo que el sistema tradicional no bastará para la selección. Tampoco resultará adecuado el sistema de acceso actual para valorar la capacidad de trabajar en equipos de alto rendimiento. Nuevos perfiles, nuevas necesidades, nuevas realidades. El auto empleo parece la tendencia, y la administración no podrá mantenerse al margen. El profesional cualificado no trabajará para un solo empleador. La administración tendrá que contratar profesionales muy cualificados de manera puntual, sin vincularse a una relación a largo plazo.

4. Automatización

El coste de personal de las administraciones públicas alcanza el 23,1% del gasto público en la OCDE, siendo un 29,1% en América Latina y Caribe ². En en España oscila entre el 25% de la administración central y el 35% de las autonómicas ³. El abaratamiento de las soluciones tecnológicas unido al alto coste del personal de las administraciones, impulsará una tendencia a automatizar nuevos servicios, aumentando las partidas de inversión y gasto en tecnología y disminuyendo las de gasto de personal. Nadie puede pensar ya que la automatización solo se refiere a las tareas más mecánicas. Los robots también van a sustituir puestos reservados tradicionalmente a licenciados universitarios. Esta tendencia  influye poderosamente en la redefinición de los puestos de trabajo que la administración va a necesitar en un futuro no muy lejano.

5. Implantación generalizada de la evaluación del desempeño

El teletrabajo, la prestación de servicios deslocalizada, relaciones de servicio más abiertas, donde los equipos de trabajo se crean para una tarea y luego desaparecen para, de nuevo,  conformar otros equipos que abordarán nuevas tareas. Estas nuevas maneras de relación laboral exigen una implantación universal de la evaluación del desempeño. Los gerentes, cada vez menos jefes tradicionales, tendrán que evaluar a los miembros de su equipo: unos estarán en la oficina, otros en otras ubicaciones o trabajando desde casa, algunos tendrán una relación esporádica como profesionales contratados. Hacer que todo eso funcione como un equipo requerirá un sistema ágil de evaluación que mida el rendimiento y la calidad de la aportación de cada uno al proyecto común. Deloitte, con más de 60.000 empleados por el mundo, ya comprendió que los sistemas tradicionales de evaluación son costosos, especialmente en tiempo de los directivos,  y además no queda demostrado que consigan su finalidad. La alternativa es encontrar sistemas de evaluación más ágiles y livianos, como la performance snapshot.

Conclusiones

Impulsados por los cambios tecnológicos y por la presión social las administraciones públicas han iniciado un proceso de transformación sin retorno. El impacto de la automatización, el big data o la inteligencia artificial van a provocar profundos cambios en la manera de operar de las administraciones: menos personal pero más cualificado, más inversión en tecnología, diferentes formas de acceso y vínculo con la administración, un gerenciamiento basado en riesgo, más transparencia y mayor rendición de cuentas a la sociedad.

Notas

¹ Public Administration Act 2004

² Fuente: El Coste de la Administración Pública. Varios autores.

³ Fuente: Panorama de las administraciones públicas: América latina y el Caribe 2017 © OCDE 2016

Imagen: DaveBleasdale CC license

Las tres fases de la automatización de la administración pública

por Antonio Ansón

Crecí leyendo a Julio Verne y terminé leyendo a Arthur C. Clarke e Isaac Asimov. Ahora que leo sobre robots y economía no puedo evitar pensar en qué ocurrirá en el sector público. Yo lo imagino en tres fases. Una primera fase en que los sistemas tradicionales conviven con proyectos basados en inteligencia artificial (IA). Una segunda en que los sistemas de IA son una realidad, pero hay que supervisarlos y corregir sus carencias. En la tercera fase, los sistemas inteligentes están presentes en la mayoría de la actividad administrativa y el número y perfil de los empleados públicos es muy diferente de las fases anteriores.

Disfruté leyendo el artículo del maestro Gerardo Bustos sobre los funcionarios del futuro: 10 rasgos del empleado público en 2050. Luego han venido otros artículos sobre cómo será el funcionario del futuro también interesantes¹. En mi opinión, el cambio en el perfil del empleado público va a ser más radical, porque el cambio del escenario tecnológico exigirá un nuevo tipo de habilidades y de vínculos necesarios para sostener el funcionamiento regular de la actividad automatizada de la administración.

Primera fase. Tímidos avances de la automatización

Los expertos en el negocio definirán para los sistemas de inteligencia artificial lo que los robots deben hacer. En esta fase convivirán: (i) los sistemas tradicionales sin apenas informatización;  (ii) sistemas informatizados que no tienen o solo parcialmente disponen de IA; y (iii) otros avanzados, dotados de IA, que se encuentran en fase de implementación y de pruebas, y que apenas tienen impacto en la actividad de la administración. La actividad del sector público apenas presentará variación, salvo el incremento natural de los servicios al ciudadano en el marco de la administración electrónica. Fuerte tendencia a que todo se informatice, sin que este proceso signifique realmente un cambio de enfoque y mentalidad de la gestión pública.

Segunda fase.  Consolidación de los sistemas basados en inteligencia artificial

En esta fase la informatización de la administración pública en los países más desarrollados será prácticamente total, y razonablemente avanzada en los países en desarrollo. Los sistemas basados en IA sustituirán las actividades tradicionales por sistemas automatizados de relación con el ciudadano. Los sistemas que no estén dotados de inteligencia quedarán obsoletos y habrá una fuerte tendencia a sustituirlos por IA. Esta etapa reclamará una gran actividad de supervisión y retroalimentación sobre el trabajo de los robots. La función consistirá en asegurarse de que todo está marchando correctamente y de que se corrigen los errores iniciales de programación y de aprendizaje. Los expertos del negocio seguirán siendo un eslabón básico en la producción del resultado, pero el número de los que están en tareas de campo disminuirá rápidamente. Un buen ejemplo de lo que estará pasando es la medicina. En esta fase una buena parte de los médicos ya no se dedicarán a la medicina, sino a hacer que los sistemas de inteligencia artificial aprendan a diagnosticar.

Tercera fase. Los sistemas de IA predominan en la administración pública

Gran impacto en la función pública porque el perfil de los empleados públicos ha cambiado radicalmente. Los funcionarios conocerán el negocio, pero desde el punto de vista de su gestión automatizada, y serán sobre todo expertos en automatización y en el manejo de máquinas dotadas de inteligencia artificial. En este momento los verdaderos expertos en el negocio serán los sistemas dotados de inteligencia artificial aplicada. El número de empleados públicos directos habrá disminuido radicalmente. La dirección de los grandes servicios se llevará a cabo por personal reducido desde centros de control remoto. Muchas empresas especializadas trabajarán para la administración para asegurar que sus sistemas funcionan y son seguros.

Conclusiones

Creo que imaginar ayuda a prepararnos para el futuro. En una realidad donde lo único cierto es el cambio, el sector público no quedará al margen de esta revolución tecnológica. La aceleración de los cambios sociales que la acompaña está provocando una demanda social de mayor conexión con la administración, más transparencia, mejores servicios y más económicos, mayor agilidad de la acción administrativa y menores costes de cumplimiento.

La respuesta a la demanda social de mayor conexión, más transparencia, mejores servicios, más agilidad de la acción administrativa y menores costes de cumplimiento estará basada en la tecnología. Y será la tecnología la que transformará la administración pública que ahora conocemos.

¿Tiempos? A la vista de la rapidez con que ocurren los procesos de renovación tecnológica creo que no tendremos que esperar mucho para ver y tocar los cambios.

@Antonio_Anson

Notas

¹  Hacia el nuevo empleado público digital de Belén Espejo; 10 habilidades que necesitarás en 2020  de la revista Insider y El perfil del nuevo empleado público de Victor Almonacid

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10 reglas para el uso de las mayúsculas en el lenguaje administrativo

//GERARDO BUSTOS//

Entre los errores más habituales del lenguaje administrativo nos encontramos con el caótico uso de las mayúsculas. El problema no es sólo la incorrección en sí, sino la expansión del error entre los ciudadanos que acuden a los textos administrativos y normativos como fuente de su quehacer diario. A continuación se recogen los errores más frecuentes y también las reglas de mayor uso en el lenguaje administrativo.

El uso de las mayúsculas en el lenguaje administrativo es simplemente caótico, sin criterio y con incoherencias manifiestas entre una línea y la siguiente. Ya lo dijo María Moliner: el uso de las mayúsculas es la cuestión “más caótica de nuestra ortografía”. Esta circunstancia es más acusada aún en el lenguaje administrativo, con el agravante de que los textos administrativos tienen una gran difusión y colaboran así a extender la confusión.

Como se señala en la “Ortografía de la lengua española”, “la función primordial de la mayúscula en español es la de distinguir el nombre propio del nombre común”. Para el “Manual de estilo Chicago-Deusto” el concepto está claro: “llevan mayúscula inicial los nombres propios o los comunes que adquieren ese valor”.

Pero el mayor problema viene de la mano del reconocimiento, uso y tratamiento de los nombres propios y los nombres comunes. En algunos casos la distinción entre ambos no está clara, sobre todo en aquellas palabras que ejercen las dos funciones, según los casos. Por ejemplo, al referirnos al canal de Panamá, la palabra canal es con minúscula. Pero cuando en Panamá se refieren al Canal, está claro el uso de mayúscula, porque no hay otro.

Restringir el uso de las mayúsculas

A falta de un manual del lenguaje administrativo, como ya he señalado en otras ocasiones, tenemos alguna referencia al lenguaje administrativo en las “Directrices de técnica normativa”, aprobadas por Consejo de Ministros el 22 de julio de 2005.

En las se “Directrices” se señala que “el uso de las mayúsculas deberá restringirse lo máximo posible”. Y añade más adelante que es preciso cumplir las normas de la Real Academia, como no podría ser de otra manera. En concreto, apunta que “además de cumplir las normas ortográficas dictadas por la Real Academia Española, en la cita de disposiciones se seguirán las siguientes recomendaciones, atendiendo a la especial naturaleza del lenguaje jurídico-administrativo:…”

Esto no es un tratado exhaustivo sobre el uso de las mayúsculas, sino un intento de inventario de los errores más frecuentes en el uso de las mayúsculas en el lenguaje administrativo. Por tanto, nos encontramos sólo ante una selección de reglas que afectan en mayor medida al lenguaje administrativo y, sobre todo, una selección de errores frecuentes del uso de las mayúsculas en el lenguaje administrativo.

1. Los nombres de organismos se escriben con mayúscula inicial.

• Los adjetivos y sustantivos que componen el nombre de instituciones, entidades, organismos, departamentos o divisiones administrativas, edificios públicos, partidos políticos, etc. se escriben con mayúscula. Ejemplos: el Gobierno, el Estado, Ayuntamiento de Madrid, Ministerio de Hacienda, Casa Blanca, Torre del Oro, Biblioteca Nacional, Museo Reina Sofía, Policía, etc.

• También se escribe con mayúscula el uso corriente abreviado de esos nombres. Así, El Instituto Geográfico, se suele sustituir en el habla corriente por el Geográfico, o el Instituto Cervantes por el Cervantes.

• Hay que diferenciar a la hora de usar la mayúscula inicial el significado de determinadas palabras. Así, Ejército se escribe con mayúscula si se refiere al organismo Ejército, pero con minúscula si se emplea como nombre común. Por ejemplo, el ejército medieval usaba catapultas. Lo mismo ocurre con palabras como Administración, Iglesia, etc.

• El plural de estos mismos usos también se escribe con mayúscula inicial. Por ejemplo, los Gobiernos español y francés han negociado un acuerdo.

2. Las formas de estado y de gobierno se escriben con minúsculas.

• Los sustantivos que definen forma de estado o de gobierno son nombres comunes que se escriben con minúscula. Así, la monarquía parlamentaria española, las dictaduras totalitarias, capital del reino, democracia parlamentaria, etc.

• Cuando forma parte de la definición oficial, los sustantivos que definen el tipo de gobierno sí van con mayúsculas. Es el caso del Reino de España, República Argentina, Principado de Andorra. Un ejemplo que cita “Ortografía de la lengua española” es muy ilustrativo. Se trata de república de Méjico, que va con minúscula porque el nombre oficial es Estados Unidos Mejicanos.

3. Los cargos con minúsculas y los poderes con mayúsculas.

• Se escribe con minúscula el título de la persona que ocupa un cargo, títulos, dignidades, empleos civiles o militares, etc. Es decir, alcalde, papa, princesa, infanta, rey, duque, embajador, general, almirante, ministro, subsecretario, presidente y jefe de negociado se escriben con minúsculas, tanto si van solos como si acompañan al nombre de la persona que ocupa el cargo.

• Es uno de los errores más frecuentes, quizá porque el funcionario no se atreve a escribir con minúscula inicial en un texto palabras como subsecretario, director general, ministro o alcalde.

• Las expresiones referidas a los diferentes poderes del Estado se escriben con minúscula cuando se refieren de modo genérico al poder en sí. Por ejemplo, el poder legislativo corresponde al Parlamento. Si se refiere a órganos del Estado, entonces va con mayúsculas. Así, el Poder Judicial nombró tres magistrados. Frecuente es usar la expresión el Ejecutivo español ha aprobado tres leyes, como sinónimo abreviado del Gobierno y, por tanto, con mayúscula.

• El “Manual de estilo de Chicago-Deusto”, que es muy dado a reconocer la realidad, comenta que “es frecuente, pero en absoluto obligatorio, que ciertos tratamientos o títulos de dignidad especialmente elevados lleven mayúscula inicial cuando aluden a un individuo concreto cuyo nombre propio no se menciona expresamente”. Sin embargo, hacerse eco de esta realidad no le impiden señalar tajante: “tanto los nombres de cargos como los tratamientos son nombres comunes y, por tanto, les corresponde la minúscula inicial. El uso de la mayúscula es una simple concesión a la costumbre y debe evitarse”.

• En la administración militar este mal uso es muy frecuente, quizá debido al acusado sentido de la disciplina y a una postura muy servil del escribano. Sin embargo, debe quedar claro que se escriben con minúscula inicial los nombres de armas como caballería, artillería, infantería, aviación, etc. Y también se escriben con minúscula inicial los nombres de unidades, ya se trate de una división, una brigada, un regimiento, una escuadra, una compañía, o la que sea.

• En la normativa (leyes, decretos, órdenes ministeriales, etc.) y documentos oficiales es habitual encontrar en mayúscula inicial las palabras que aluden a altas dignidades institucionales, como Rey de España, Presidente del Gobierno, Secretario de Estado de Ondas, etc. Pero es una aberración, por muy habitual que sea. Es gramaticalmente incorrecto escribirlo así.

4. Los tratamientos, con minúscula.

• Los tratamientos se escriben con minúscula. Es el caso de señor, don, excelencia, licenciado, doctor, fray, sor, su señoría, su majestad, su alteza, su excelencia, su santidad, monseñor, etc. Sólo cuando se usa la abreviatura se escribe con mayúscula. Ejemplo: D. Mauricio, etc.

• El “Manual de estilo de Chicago-Deusto”, que como he comentado antes es muy dado a reconocer la realidad, afirma que “es costumbre asignar una mayúscula solemne a los tratamientos don, doña aplicados a los miembros de una familia real, en particular la español: la infanta Doña Elena”. Pero constatar este hecho, no le impide aclara sin duda, como he recogido antes, que “tanto los nombres de cargos como los tratamientos son nombres comunes y, por tanto, les corresponde la minúscula inicial. El uso de la mayúscula es una simple concesión a la costumbre y debe evitarse”.

5. Leyes, decretos, normas.

• Los elementos significativos de un título legal se escriben con mayúscula inicial en todas las palabras que lo componen. Ejemplos: Ley de Propiedad Horizontal, Real Decreto 14/2002, Código Civil, Tratado de Versalles, Convención de Ginebra, etc.

• Cuando el título de la norma es excesivamente largo, sólo va con mayúscula la incial de la primera palabra. Ejemplo: Ley 1/2014, de 28 de febrero, para la protección de los trabajadores a tiempo parcial y otras medidas urgentes en el orden económico y social. Ejemplo: Ley 2/2009, de 31 de marzo, por la que se regula la contratación con los consumidores de préstamos o créditos hipotecarios y de servicios de intermediación para la celebración de contratos de préstamo o crédito.

• Cuando se usa un nombre que identifica a la ley, pero que no es su nombre oficial, se escribe con minúsculas. Ejemplos: ley antitabaco, ley antidesahucios, etc.

• Cuando el nombre de la norma se usa de forma genérica, va con minúscula inicial. Ejemplos: el presente real decreto entrará en vigor, el preámbulo de esta ley es muy extenso.

• El mismo trato se da a los nombres de documentos oficiales, legales e históricos. Ejemplos: Tratado de Versalles, Carta de Naciones Unidas, Declaraciones Universal de Derechos Humanos, Convención de Ginebra.

• 

  En las “Directrices de técnica normativa” del Gobierno se señala que “como regla general, se propone que los títulos de las distintas disposiciones se escriban en minúscula, aunque se admitirán excepciones cuando se valore la existencia de determinadas circunstancias:

• Breve extensión del título…
• Regulación completa de la materia…
• Regulación de órganos constitucionales y grandes referentes legislativos del ordenamiento…”

Ejemplos: Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas. Ley. Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad. Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado.

6. Palabras relevantes con minúsculas.

• Con frecuencia nos encontramos con palabras “relevantes” escritas con mayúscula inicial. Son palabras del tipo humanidad, historia, bandera, patria, estado, nación, cristianismo, honor, etc. Quien así lo escribe está intentando resaltar la relevancia de su significado, pero el uso de la mayúscula inicial para estos casos es incorrecto.

• Este tipo de mayúsculas de relevancia aparecen con criterios muy subjetivos, de manera que no hay consenso sobre ellas. Eso quiere decir que representan al mayor caos en el uso de las mayúsculas, porque el autor de cada texto usa unos criterios personales y diferentes. Razón de más para evitarlas a toda costa.

• En “Las 500 dudas más frecuentes del español” los autores lo dejan muy claro: “Este tipo de mayúsculas no está justificado lingüísticamente y tiene un carácter subjetivo, por lo cual se recomienda evitarlas”.

• El “Manual de estilo Chicago-Deusto” abunda también en la misma idea y señala tajante: “Las mayúsculas iniciales que se utilizan en algunas ocasiones para otorgar importancia a ciertas palabras (misa, presidente) no están justificadas en español”.

• Igualmente, los sustantivos que reflejan religiones y conjunto de fieles también se escriben con minúsculas. Ejemplos: catolicismo, budismo, protestantismo, islam, judaísmo, etc. Igualmente, las palabras que designan conceptos y entes religiosos se escriben con minúscula. Ejemplos: eucaristía, comunión, sacramento, misa, bautismo, cielo, purgatorio, sacrificio, ritos, etc.

7. Los accidentes geográficos, las calles y los puntos cardinales se escriben con minúscula.

• El topónimo o nombre con el que se designa un lugar es nombre propio. Por tanto, va con mayúscula siempre.

• Los nombres geográficos llevan mayúscula inicial, pero no el accidente geográfico que lo clasifica, que sólo es un sustantivo común genérico. Ejemplos: mar Mediterráneo, río Turia, cordillera de los Alpes, canal de Panamá, etc.

• Caso especial es el uso del clasificador como nombre propio al referirse a un accidente único y de gran relevancia en un colectivo específico. Ya he mencionado más arriba el ejemplo del canal de Panamá. Cuando en Panamá se refieren al Canal, está claro el uso de mayúscula, porque no hay otro. Como cuando en España nos referimos al estrecho de Gibraltar, o decimos simplemente el Estrecho. Aquí la “Ortografía de la lengua española” es clara cuando especifica que estas consideraciones de nombre propio son “solamente admisibles cuando, en el ámbito de la comunidad a la que va destinado el mensaje, no existe otra referencia posible”.

• Cuando el sustantivo genérico no actúa de clasificador, sino que forma un todo con el nombre propio, se escribe con mayúscula. Es el caso de Cabo Verde, que no refleja un cabo llamado Verde, sino una isla llamada Cabo Verde. Igualmente ocurre con Sierra Nevada, Picos de Europa, etc.

• Caso singular es el uso de la palabra península cuando se usa con el adjetivo que alude al topónimo. Ejemplos: Se escribe con mayúscula inicial Iberia o Arabia, pero si se usa el accidente y el adjetivo del topónimo usamos minúsculas y escribimos península ibérica o península arábiga.

• Los puntos cardinales se escriben con minúscula, salvo cuando forman parte del nombre. Así, se escribe con minúscula si indican orientación o dirección. Ejemplos: viajar al norte, establecerse en el sur, recorrer de norte a sur, etc. Y se escriben con mayúsculas en expresiones como países del Este, América del Norte, etc.

• Los nombres de líneas imaginarias, hemisferios, nombres de la esfera terrestre o celeste son nombres comunes y se escriben con minúscula inicial. Ejemplos: ecuador, hemisferio norte, trópico de Capricornio, etc.

• Los polos se escriben con minúscula cuando designan extremos terrestres. Es un caso similar al de los puntos cardinales. Sin embargo, cuando se refiere a regiones geográficas se escriben con mayúscula.

• Es frecuente encontrar una dirección postal en un escrito administrativo. De la misma manera que en los accidentes geográficos, el nombre específico de la calle es nombre propio y va con mayúscula. Sin embargo, el tipo de vía (calle, callejón, cuesta, costanilla, plaza, callejón, travesía, parque, paseo, avenida, etc.) es un nombre común, un clasificador, y se escribe con minúscula inicial. La misma regla se aplica a los puertos, aeropuertos, estaciones, etc., que también son clasificadores.

8. Los meses y los días se escriben siempre con minúscula inicial.

• Los días de las semanas y los nombres de los meses son nombres comunes y se escriben siempre con minúscula. Son incorrectos los numerosos escritos administrativos donde el mes de la fecha aparece con mayúscula.

• Igualmente, los nombres de las estaciones del año son también nombres comunes. Lógicamente, este criterio se extiende a las denominaciones de otras culturas. Por ejemplo, si se menciona el rayab, o séptimo mes del calendario musulmán.

9. Los nombres de asignaturas, con mayúsculas.

• Los sustantivos y adjetivos que reflejan nombres de disciplinas concretas, ramas del saber, materias de estudio, en general se escriben con minúsculas. Ejemplos: el periodismo está cambiando, la física nuclear ha avanzado mucho, la informática ha cambiado el mundo.

• Esos mismos nombres y adjetivos que reflejan disciplinas concretas, materias de estudio, ramas del saber, se escriben con mayúscula cuando se usan en entornos académicos o curriculares. Ejemplos: licenciado en Periodismo, suspenso en Cálculo, doctor en Medicina.

• Los cursos, congresos, jornadas, actos se escriben también con mayúscula. Ejemplos: Seminario Internacional de Documentación, Jornada Internacional del Huevo, etc.

• Las etapas educativas se escriben con minúscula inicial. Ejemplos: bachillerato, licenciatura, doctorado, enseñanza básica, enseñanza superior, etc.

10. Las siglas no tienen plural.

• Un CD o tres CD no varía las siglas CD. Es decir, es incorrecto escribir CDs o CD’s.

• La excepción la realiza el “Libro de estilo urgente” de la agencia EFE, que hace una “recomendación” diferente sobre el plural de alguna siglas. Señala que “cuando las siglas designan elementos contables… se recomienda hacer el plural añadiendo una –s al final para representar la lengua hablada”. Este manual es consciente de que no es lo correcto, pero lo justifica argumentando que “es la forma de hacer el plural de las siglas que más se ajusta al modo de hablar”. Y añade: “Decimos ‘unos cedés’ o ‘las oenegés’, no ‘unos cedé’ o’ las oenegé’”. Asimismo, aclara que “la –s añadida debe ir siempre en minúscula, pues de escribirla en mayúscula podría confundirse con una letra más de la sigla”. Hay que entender este planteamiento como una licencia periodística a la hora de escribir.

• Como en el resto de los manuales consultados, el de la agencia EFE rechaza la fórmula del plural mediante apostrofo, porque “es incorrecta, por ser ajena a nuestro idioma y a la normativa gramatical”.

Los acentos y los gritos

Las letras mayúsculas también se acentúan. Se acentúan cuando corresponde, como las minúsculas. El origen engañoso y falso de la creencia de que las mayúsculas no se acentúan viene de los tiempos en los cuales la escritura a máquina encerraba numerosos problemas. Pero esa fase ya está superada.

Internet es internet. El diccionario de la RAE incluye la palabra con minúscula, pero admite también su escritura con mayúscula inicial. Se trata de un extranjerismo que inicialmente era el nombre propio de una red determinada. Por tanto, debía escribirse con mayúscula. Pero ahora es el nombre común de un canal de comunicación. Lo más correcto es escribirlo con minúscula.

A gritos, con mayúsculas. En las redes las mayúsculas equivalen a hablar a voces, chillando.

¿Se te ocurre alguna regla más? ¿Crees que he olvidado algún error frecuente sobre el uso de mayúsculas en el lenguaje administrativo?

Bibliografía empleada y aconsejada:

“Ortografía de la lengua española”. Editado por la Real Academia Española y la Asociación de Academias de la Lengua Española. Editado por Espasa Libros. Madrid 2010.

“Las 500 dudas más frecuentes del español”. Editado por el Instituto Cervantes y Editorial España Libros. Autores: Florentino Paredes García, Salvador Álvaro García y Luna Paredes Zurdo. Barcelona 2013.

“Compendio ilustrado y azaroso de todo lo que siempre quiso saber sobre la lengua castellana”. Editada por FundéuBBVA y Debate. Coordinada por Mateo Sancho Cardiel. Barcelona 2012. 3ª edición.

“Manual de estilo Chicago-Deusto”. Adaptado y editado por Javier Torres Ripa. Editado por Universidad de Deusto. Bilbao 2013.

“Ortografía de la lengua española”. Real Academia Española y revisada por las Academias de la Lengua Española. Editorial Espasa Calpe. Madrid 2000.

“Directrices de técnica normativa. Aprobadas por Acuerdo de Consejo de Ministros de 22 de julio de 2005”. Editada por el Ministerio de la Presidencia. Madrid 2006.

“Libro del estilo urgente. Agencia EFE”. Editado por agencia EFE y Galaxia Gutemberg y Círculo de Lectores. Autor: agencia EFE. Barcelona 2011.

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