Archivo de la etiqueta: Plan Nacional de Reformas 2012

Profesionalidad, Administración y Agencia Tributaria


Antonio Ansón

En los últimos días han aparecido en la prensa algunas noticias sobre la Agencia Tributaria que llaman a una profunda reflexión sobre la idea de profesionalidad en el sector público. La evaluación del desempeño parecía ser unos de los pilares del Estatuto del Empleado Público, pero no llegó a ser desarrollada ni mucho menos implantada. Qué podemos hacer para promover una Administración más profesional es de lo que trata esta entrada.

IMG_3512

Vaya por delante que no tengo información privilegiada por estar trabajando en la Agencia Tributaria. Y reconozco lamentar profundamente ver envuelta esta institución en una polémica que nada aporta al cumplimiento de sus fines. Pero tampoco puedo dejar de percibir como ciudadano y profesional al servicio de la Administración que lo ocurrido no coincide con mi idea de profesionalidad del sector público.

Mi única fuente en estos momentos, como la de cualquier ciudadano, es la información aparecida en prensa. Para muestra, tres botones y una entrevista: Expansión, el Paísel Mundo y la entrevista.

Y lo primero que encontramos es una Inspectora de Hacienda capaz, preparada y reconocida por sus compañeros. Lo que la mayoría reconocería como una buena profesional.

También tenemos una resolución firmada por ella y aparentemente ajustada a derecho que, presumiblemente, es similar a otras que fueron tomadas antes, en las mismas circunstancias y que confirma lo que antes otros profesionales, también Inspectores de Hacienda, como ella, habían realizado.

Y, por último, asistimos a una destitución fulminante, subsiguiente en el tiempo a la anterior resolución.

Esta destitución se justifica públicamente como un relevo normal de un cargo de libre designación. Pero lo cierto es que se trata de puestos que para los que se exige la mayor preparación para ocuparlos. Y la libre designación permite que se busque el mejor candidato de entre los posibles, con un margen de maniobra más amplio que el concurso, que no permitiría valorar además de las capacidades técnicas (teóricas) la actitud, o habilidades como la capacidad de comunicar, de liderar o de enfrentarse a tareas de coordinación complejas.

Sin embargo, la libre designación puede viciar los sistemas selectivos de cualquier organización si el criterio principal de elección es la afinidad (personal, política, social o familiar). O si ésta se extiende indiscriminadamente a puestos en que las habilidades profesionales exigibles al candidato no van más allá de un conocimiento técnico acreditable con el baremo objetivo de un concurso.

No viene al caso ahora saber si el puesto que ocupaba la inspectora debería o no ser removible discrecionalmente. A lo que vamos es que, igual que el nombramiento solo tiene sentido si se hace por consideraciones profesionales, la destitución solo debe ser por un desempeño insuficiente o inadecuado del puesto. Y solo mediante la evaluación continuada de este desempeño puede llegarse a saber e incluso a acreditar si es insuficiente o sobresaliente.

Pienso que la mayoría de los lectores de este blog trabajáis en la Administración. Ésta no interesa fuera, salvo para denostarla (que, desgraciadamente, no es someterla a crítica). Y creo que el desconocimiento de lo que se puede y de lo que se debe exigir a la Administración como organización al servicio del ciudadano (no del gobierno, aunque esté dirigida por él), arroja males sobre la sociedad.

A pesar de lo dicho, por si alguien que no trabaja para la Administración lo lee, explicaré algo que los que estamos en ella sabemos perfectamente. Que en la Administración no se está evaluando prácticamente nada. Que no se sabe cómo hacerlo y cuando aparece alguna iniciativa, tampoco se quiere. Que el compromiso de sus dirigentes no es con los ciudadanos sino con quien les ha nombrado y eso se extiende como una cascada imparable hasta los niveles que teóricamente se cubren con profesionales. De ahí que la unión de lo profesional y de la libre designación resulte tan confusa, al confundirse esta última con la libre discrecionalidad.

La libre designación como herramienta de provisión de puesto no es buena ni mala. Pero si el uso que se hace es impropio, el resultado es lamentable.

¿Por dónde empezar?

Los modelos de evaluación más conocidos se basan en una burocracia capaz de impedir su implantación y de acabar con la paciencia de los participantes. Sin embargo, creo que es posible (a pesar de que pienso que la mayoría de los afectados están en contra) implantar una evaluación del desempeño del personal directivo. De los jefes, para entendernos. De aquellos que son el máximo nivel técnico, tanto, que incluso lo trascienden y asumen funciones directivas. Pienso en una evaluación de 360º, donde no sirva trabajar solo para el jefe (señor feudal para algunos), sino que su trabajo tenga que estar justificado ante sus subordinados y aquellos que están a su nivel. Y desde luego, cualquier nombramiento debería ser acompañado de un programa de actuaciones, de un proyecto que actuase a modo de compromiso.

Cuando empecé este blog, la primera entrada fue “Una gestión profesional de lo público es posible y necesaria”. Una breve declaración de intenciones cuando todavía no sabía qué iba a ser de él.

Después de esa entrada han caído muchas más, más de 50, especialmente este año, en las que mis esforzados compañeros y yo, hemos hablado de diversos temas, siempre relacionados con la Administración Pública.

Hemos hablado de redes sociales, de tendencias en formación, de expediente y factura electrónica, de propuestas de reforma de la administración, hemos seguido a Cora, hasta donde se ha dejado, y os hemos contado lo que decían los políticos de la Administración. Pero siempre quedaba pendiente volver sobre la profesionalidad en la gestión de lo público.

Algunos nos habéis reconocido como parte de la blogosfera pública. Incluso sospechamos que nos leéis con agrado, lo que nos anima a seguir esforzándonos.

Hoy, que la Agencia Tributaria está en todos los medios, creo que es el momento de volver hablar de la profesionalidad y de lo que se puede esperar de los profesionales al servicio de la Administración.

¿Por dónde empezar?, me preguntaba antes. A mi modo de ver, si exigimos compromisos y resultados a los directivos creo que algo empezaría a moverse en la Administración.

¿Qué pensáis?

Entradas relacionadas:

¿Las Administraciones Públicas tienen líderes o jefes?

8 recomendaciones para la reforma de la Administración

El líder en las Administraciones Públicas

El cocherito leré y la gran reforma de la Administración

Yo tengo un sueño (“I have a dream”)

Otras entradas que te pueden interesar:

10 razones para que la Administración Pública esté en las redes sociales

4 sorprendentes claves de la reforma administrativa

¿Qué hay de la motivación del empleado público?

¿Por qué en Islandia las ovejas van de tres en tres?

4 reglas para una reunión eficaz

Siguiendo a Cora (segunda parte)


@Antonio_Anson

La primera parte de este post resumió el estado de avance de las principales medidas del plan CORA. Esta segunda parte, comparte con vosotros alguna reflexión surgida de una lectura más detenida.

MÉTRICA2

Antonio Ansón 2013

¡Es la métrica, tonto!

La lectura del informe me produjo una cierta inquietud, que al principio no supe atribuir. Por un lado, consideré que la propia existencia del informe de seguimiento es una garantía de que el impulso reformador no va a ser olvidado, por lo que merece ser apoyado francamente. Por otro lado, y, a pesar de todo, hay algo en el informe que no acaba de convencer.

¡Es la métrica, tonto!, me dije. Es la medición del avance lo que genera desconfianza.

Y es que, bien pensado, hay varios aspectos mejorables.

 Aspectos a mejorar

 El primero, es la gran diferencia entre algunas medidas que pueden promover cambios estructurales, frente al resto, que se agotan en sí mismas.

 Es necesaria una clasificación que tenga en cuenta la relevancia de las medidas. Eso descargaría el informe, al seguir con mayor detalle las medidas estratégicas. Y le daría claridad, al arrojar luz sobre el verdadero grado de avance en la reforma.

Además, parece que el deseo de ofrecer los mejores resultados posibles ha llevado a tomar opciones discutibles. Así, se ha considerado (páginas 8 y 9) que existen tres fases para evaluar un proyecto iniciado :

 –     Fase inicial (hasta el 10% de grado de avance en la ejecución)

 –     Fase media de ejecución (entre el 11% y el 50% de grado de avance)

 –     Fase final de implantación (más del 51% hasta su completa materialización)

Antonio Ansón 2013

Antonio Ansón 2013

Considerar que un proyecto con un 15% de grado de avance está en fase media o con un 52%, en fase final es, desde luego, discutible. Sin embargo, podemos convenir que sea así. Quizá no sea tan relevante. Evidencia que los proyectos se eternizarán en la fase final, a la que llegarán con la mitad por hacer. Y también queda claro que la fase media es corta y que a ella se accede tras un fugaz paso por la fase de inicio.

Pero lo que no sabemos, y es lo preocupante, es qué criterios se siguen para determinar que una medida llegue un grado de avance determinado:

¿Anunciar la medida ya es un 10% del proyecto? Y si además se declara que se le han asignado medios, ¿es un 25%?

Y si es una medida normativa, al publicarse en el BOE, ¿el proyecto está al 100% o todavía falta la fase de implantación y está al 50%?

Formular estas sencillas preguntas nos muestra el margen de discrecionalidad con el que pueden ser presentados los resultados. Y ese margen arroja una gran sombra sobre el proyecto, restándole credibilidad.

En conclusión

No hay transparencia si no se explican los criterios empleados para la medición. Solo así podrán ser contrastables los resultados en el tiempo. Y lo que es peor, no solo no hay transparencia, sino que siembra la duda sobre el trabajo de profesionales de primera línea, comprometidos con la idea de reforma de las Administraciones Públicas.

El informe de seguimiento es una buena idea, pero ahora corresponde una seria reflexión sobre los indicadores del grado de avance de los principales proyectos, comunicando a la opinión pública con total transparencia los criterios adoptados.

Como ciudadanos, no nos merecemos menos.

Entradas relacionadas:

Siguiendo a Cora (primera parte)

La reforma de la Administración 2.0 no es solo cosa de comisiones

4 sorprendentes claves de la reforma administrativa

Cora y la reforma esperada de las Administraciones Públicas

La visión de los partidos políticos de la reforma de la Administración Pública

Siguiendo a Cora (primera parte)


@Antonio_Anson

El viernes 23 de septiembre se ha publicado el primer informe de la oficina de seguimiento del plan CORA (OPERA) tras el anuncio efectuado por la Vicepresidencia del Gobierno de que se publicaría un índice de cumplimiento trimestral. Lo puedes consultar aquí. En este artículo podréis encontrar un resumen de su contenido, con unas primeras impresiones. En otro posterior, me gustaría compartir con vosotros alguna reflexión sobre este primer informe.

Antonio Ansón 2013

Antonio Ansón 2013

El informe trimestral

Este primer informe está muy apegado al uso administrativo. Realiza un recuento de las medidas en función de si son horizontales (¿generales?) o sectoriales; de la subcomisión CORA de la que nacen,  y  también del Ministerio afectado, sin que estos datos aporten, en mi opinión, mayor valor.

 El resumen ejecutivo pone las cosas en su sitio y prepara el titular de prensa, “Más de la mitad de las medidas previstas en el informe CORA están ya en ejecución”:

• Medidas finalizadas: 15 (6,88% sobre total medidas propuestas)

• Medidas en proceso de ejecución: 194 (88,99% sobre el total de medidas propuestas)

 • Medidas sin iniciar: 9 (4,13% sobre total medidas propuestas)

 Pero… ¿Cuáles son esas medidas?

 Las medidas en ejecución

Las medidas en ejecución se estructuran en medidas de reordenación de organismos, medidas de racionalización de procedimientos y medidas que mejoran la eficacia y eficiencia. Voy a sintetizar todo lo que se pueda.

 A. Medidas de reordenación de organismos (reestructuración del sector público):

 Al calor del recién aprobado Real Decreto de Racionalización del Sector Público de 20 de septiembre de 2013, se van desgranando los organismos condenados a penas de supresión, fusión, cambio de naturaleza o cambio de adscripción ministerial. No se dan razones.

 B. Medidas de racionalización de procedimientos

 Se ha encargado a la AEVAL la elaboración de un Manual de racionalización y eliminación de duplicidades.

Se ha acordado la remisión a las Cortes Generales del Proyecto de Ley de Evaluación Ambiental, así como la creación de un grupo de trabajo. Modificación del Reglamento del Dominio Público Hidráulico.

Creación en el Ministerio de Presidencia de la Dirección de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones de la Administración General del Estado, para la coordinación del proceso de racionalización de las tecnologías de la información y de las comunicaciones (TIC) en la Administración General del Estado”. El futuro CIO.

Se ha creado en el MINHAP una Dirección General de Compras Centralizadas, y una Central de Información. Además, se han puesto a la venta más de 15.000 inmuebles.

Se han aprobado varias medidas de coordinación con otras Administraciones así como un Proyecto de Ley para la elaboración de textos refundidos que habilitará al Gobierno para la codificación de determinadas normas dispersas.

C. Medidas que mejoran la eficacia y eficiencia de la administración en beneficio de ciudadanos y empresas

Se han aprobado el Proyecto de Ley de Apoyo a los Emprendedores y el Proyecto de Ley de Garantía de Unidad de Mercado, que convertirá la Plataforma de Contratación del Estado en la Plataforma de Contratación del Sector Público.

Se ha aprobado el Proyecto de Ley Orgánica de control de la deuda comercial en el sector público que se complementa con el Proyecto de Ley de impulso de la factura electrónica.

Métrica

Antonio Ansón 2013

En junio ya se aprobó un Acuerdo para la reducción de cargas administrativas y, además, se está elaborando un Manual de Reducción de Cargas Administrativas y Mejora Regulatoria para la Administración General del Estado.

Se ha aprobado el Reglamento de la Ley 29/2011, que permitirá a las víctimas del terrorismo un acceso privado y electrónico al estado de tramitación de sus procedimientos.

Se ha aprobado el proyecto de Ley General de Telecomunicaciones.

Se  modifica el Real Decreto que regula la tarjeta sanitaria individual y ya se encuentra disponible un servicio telemático para la solicitud y envío de certificados de estar al corriente de pago de cuotas de la Seguridad Social.

Por último, el anteproyecto de Ley de Racionalización del Sector Público aporta otras medidas.

Primera impresión

Como se deduce del propio resumen, la continua referencia a tanto texto legal aprobado suena a hueco y aburre un poco. El informe es representativo del interés en acumular el mayor número de medidas, aunque tengan muy diferente alcance, y, además, sorprende la cantidad de medidas legislativas que aparecen en ejecución, como si todo hubiese sido confiado a cambios normativos.

Sea como sea, la primera impresión es positiva, ya que es una buena costumbre la de rendir cuentas de un proyecto tan importante para el futuro de este país.

Entradas relacionadas:

Siguiendo a Cora (segunda parte)

La reforma de la Administración 2.0 no es solo cosa de comisiones

4 sorprendentes claves de la reforma administrativa

Cora y la reforma esperada de las Administraciones Públicas

La visión de los partidos políticos de la reforma de la Administración Pública

La Comisión de Expertos I. El análisis de partida


@Antonio_Anson

En varios artículos conectados, bajo el título “La Comisión de Expertos”, voy a intentar reflejar mis impresiones acerca del informe de la Comisión de expertos sobre la reforma de las Administración Pública en Cataluña.

Este primero está dedicado al análisis de la situación existente, lo que se realiza en las primeras páginas del documento.

El balance de situación

Antonio Ansón. CC

Antonio Ansón. CC

1. En sus comienzos, la Administración catalana replica el modelo de la Administración General del Estado.

2. No se han conseguido instituciones lo bastante abiertas y transparentes hacia la sociedad. Las instituciones son como cajas negras de las que se desconoce su funcionamiento y razón de ser por el ciudadano.

3. En lo que se refiere a la capacidad de gestión, se aprecian algunas insuficiencias:

a. Déficit de profesionalidad de la gerencia publica

b. Escasa autonomía del gestor

c. Controles destinados a garantizar la regularidad del procedimiento, pero no los resultados

d. Escasez de incentivos a la eficiencia

4. Arquitectura institucional compleja que fácilmente genera duplicidades

5. Falta de una visión institucional global y compartida por los miembros de la Administración

6. A pesar de que se ha impulsado la gestión de una parte de sus servicios públicos desde el mercado o mediante diferentes formas de colaboración público privada, la Administración no ha modificado lo suficiente su organización interna para adaptarse a un modelo de Administración relacional

7. La Administración se encuentra más orientada a hacer cosas que a liderar procesos sociales.

8. Se han externalizado servicios públicos de manera reactiva, como una forma de huída de la rigidez del derecho administrativo.

9. En cuanto a la gestión de los recursos humanos, no se ha contado con una política de personal gestionada de forma estratégica

La conclusión

“El peso de la inercia y de la prolongada ausencia de los problemas de la Administración Pública en las agendas políticas de los gobiernos ha dado como resultado una Administración Pública catalana demasiado anclada en los procedimientos y poco orientada a los resultados”.

Algunos comentarios

Hasta aquí una síntesis de la primera parte del informe. A continuación compartiré algunas reflexiones a vuela pluma (digital). Pero no todas. Que quede abierto el debate a vuestras aportaciones.

No es una novedad que la Administración Autonómica replica a la Administración existente. La forma de reproducirse de de la Administración española y de otros celentéreos ha sido la gemación. Lo que sorprende no es lo que ha permanecido igual, sino lo poco que se ha hecho por cambiar. La prisa por crear cuerpos autonómicos de funcionarios ha impedido cualquier reflexión sobre si la forma de cubrir las necesidades de personal especializado en las Administraciones del siglo XXI era, precisamente, esa.

En mi opinión, el análisis que realiza la Comisión, es también aplicable a la realidad administrativa de nuestro país, más allá de Cataluña. No me resulta dificil compartir esa descriptiva imagen de “cajas negras” aplicada a instituciones que deberían servir al ciudadano-contribuyente con exquisita transparencia.

Se identifica un déficit de profesionalidad de la gerencia pública. Y no parece que se tenga que justificar demasiado esta percepción, porque en la Administración (y me temo que se comparte este vicio en el resto de la sociedad) parece como si solo lo formal hubiese persistido. Se nombran responsables de los servicios públicos sin fijar objetivos de antemano, por lo que difícilmente puede haber un compromiso previo sobre los resultados. Claro que, exigir resultados podría llegar a resultar extraño en ocasiones, ya que en muchas unidades administrativas no se establecen métodos, ni existen herramientas de medición de la actividad. Y el verdadero déficit es que los responsables no se sienten gerentes, están presos de un sistema de gestión del día a día, donde se trabaja mucho y bien, pero no está claro en qué dirección se avanza. O se retrocede.

Las duplicidades. Es el mismo diagnóstico, que no todos nuestros partidos políticos comparten, que se ha realizado por los expertos del Gobierno. Y que ha merecido una de las líneas de trabajo de la CORA. No voy ahora a seguir por ahí porque mi reflexión está más cerca de la intrahistoria de las organizaciones. El vacio de comunicación interna en las organizaciones públicas, tan ostensible, hace que estas duplicidades estructurales se repliquen en pequeña escala dentro de los organismos, de sus servicios, hace que se dupliquen y redupliquen esfuerzos. La tarea de eliminar las duplicidades empieza dentro de nuestras organizaciones, en todos sus niveles. Debería ser una exigencia mínima para todos nuestros gestores.

No voy a extenderme más, por ahora, ya que hay aspectos del análisis que será interesante ver a la luz de las soluciones que propone la Comisión.

Os invito a comentar aquello que os parezca más interesante del informe de esta Comisión de Expertos, mientras esperamos a conocer los resultados del estudio de la CORA.

La reforma de la Administración local: el informe


@Antonio_Anson

El Consejo de Ministros ha examinado y aprobado el informe del MINHAP sobre el anteproyecto de reforma de la Administración local, abriendo paso a que se presente el proyecto ante las Cortés Generales. No voy a repetir los objetivos de la reforma, que ya han sido examinados en otro post, sino señalar algunos de los aspectos destacables del informe que ha examinado el Gobierno.

Las competencias de Educación y Sanidad serán exclusivas de las Comunidades Autónomas. Se establece un período transitorio de cinco años para el cambio progresivo de titularidad de las competencias. En el caso de los servicios sociales, el periodo transitorio será de un año.

El sueldo de los miembros de las corporaciones locales se fijará anualmente en los Presupuestos Generales del Estado según la población del municipio y limitado al de Secretario de Estado.

Se reduce el número de personal eventual y de cargos públicos con dedicación exclusiva en función de la población del municipio.

Se suprimen las llamadas “competencias impropias”. Dicho lo cual, se afirma que, sin embargo, cuando esté garantizada la prestación de los servicios obligatorios, se podrán prestar otros servicios no obligatorios. Parece que esto debe ir acompañado de una regla de eficiencia.

No sé qué pensar, porque también se habla de un proceso de evaluación de los servicios municipales por el MINHAP “para conocer su coste real y comparar con el eficiente”. Ahí es nada. Conocer el coste real ya me parece una tarea titánica. Hablar de comparar con el coste eficiente, va mucho más allá y en la España del descontrol financiero municipal suena a ciencia ficción. Pero sea bienvenido ese criterio.

Mas adelante, la nota del Consejo de Ministros dice que si no se puede mantener el servicio, se debe suprimir. Supongo que se refiere a mantener el equilibrio financiero. Por lo que parece, los servicios no obligatorios se deberán financiar con tasas que cubran ese coste o con precios públicos que arrojen suficientes ingresos al balance. A este equilibrio financiero habrá que añadirle la regla de eficiencia. Un criterio intuitivo de lo que puede suponer esta regla de eficiencia es que si este servicio o uno similar se presta por la Diputación o por la Comunidad a un coste inferior por usuario, el municipio NO debe prestar el servicio no obligatorio o impropio, mientras que si lo hace de manera eficiente, una vez garantizados los servicios públicos municipales obligatorios, no habría mayor problema en prestarlo.

Para que esta regla de eficiencia sea posible, creo que no deben financiarse los servicios impropios con impuestos ni con subvenciones, sino que su financiación debe ser a través de los precios o tasas que los usuarios estén dispuestos u obligados a pagar. Lo contrario impediría evaluar adecuadamente el equilibrio financiero al hacerlo recaer no solo sobre los usuarios, sino sobre todo el universo de contribuyentes.

La delegación de competencias al municipio, cuya duración no será inferior a cinco años, irá siempre acompañada de la financiación íntegra de la misma.

Las mancomunidades y las entidades locales menores se someterán al mismo proceso de evaluación. Si no lo superan, serán disueltas. Los servicios de las mancomunidades pasarán a depender de las Diputaciones, mientras que los de las entidades locales menores dependerán de los municipios. Lo cierto es que se afirma en la nota del consejo de ministros que las mancomunidades y entidades locales menores que no presenten cuentas en el plazo de tres meses se disolverán, sin más matices. Pero esto, la presentación de cuentas, no parece sino un requisito burocrático fácil de cumplir, frente a una revisión de esas cuentas y una evaluación de eficiencia que puede prolongarse años o no llegar a completarse nunca.

Asimismo, se revisa el sector público local y sus organismos dependientes. Los Ayuntamientos no podrán crear ningún organismo nuevo durante la vigencia de su plan de ajuste y deberán corregir mediante un plan de saneamiento la situación de déficit de sus empresas dependientes, o liquidarlas.

Por último, la reforma refuerza la función interventora en las entidades locales y se habilita al Gobierno para establecer las normas sobre los procedimientos de control. También se regula parcialmente el régimen de los funcionarios de la Administración Local con habilitación de carácter nacional que dependerán funcionalmente del Estado.

Es la primera propuesta para una gran reforma de las Administraciones Publicas que se presenta ante el parlamento. Se dice que se han incorporado la propuestas de los ciudadanos, pero la tónica ha sido, presumiblemente, la de siempre. Un tramite de información publica, reuniones con grupos de presión y asociaciones representativas y cocina, mucha cocina para el cliente interno (partidos políticos).

Ha desaparecido del proyecto toda idea de supresión o refundición de municipios, que permitiría confiar el gobierno local a municipios con una dimensión viable para la prestación de los servicios públicos obligatorios. Se refuerza el papel de la decimonónica provincia, través de la institución menos democrática, la Diputación Provincial, protagonista destacada de la corrupción política que nos azota. La supresión de mancomunidades y entidades menores, depende de un tramite burocrático de presentación de cuentas y de una evaluación de eficiencia como nunca hemos conocido en este país.

Si así están las cosas, de Cora, mejor no hablamos (en realidad, tampoco se oye nada nuevo). Mantengamos la calma. Todo esto, traslada a un futuro lejano, pero previsiblemente más feliz, la solucion de los problemas. Y pensar en un futuro mejor tiene un efecto sedante natural , que no precisa receta ni euro sanitario. Al menos eso parecen pensar nuestros gobernantes.

Esperando la reforma de la Administración Local


IMG_0896

Antonio Ansón. Licencia CC

@Antonio_Anson

Parece que se acerca imparable la aprobación por el Consejo de Ministros del anteproyecto de Ley para la racionalización y sostenibilidad de la Administración Local. Posiblemente el 25 de enero próximo, si es que la incorporación de un decálogo de medidas aprobadas en el en el marco de la XX Intermunicipal del PP no lo retrasa.

No he llegado a ver el decálogo, pero se conoce el informe del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas sobre el anteproyecto, donde se pueden encontrar algunas de las principales medidas.

  • Se clarifican las competencias municipales para evitar duplicidades y eliminar las “competencias impropias”.
  • Se suprimen las 3.725 entidades locales menores existentes, como pedanías o parroquias, que pasan a ser absorbidas por los Ayuntamientos de los que dependan. Por el contrario, no se suprime ningún municipio.
  • Se eliminarán las mancomunidades cuya sostenibilidad financiera no esté asegurada y sus competencias pasarán a ser ejercidas por las Diputaciones provinciales.
  • Se potencia el papel las Diputaciones Provinciales, Consejos Insulares o Cabildos y Comarcas, para la gestión de servicios obligatorios mínimos en municipios inferiores a veinte mil habitantes
  • Se fortalece la figura del interventor municipal, que dependerá funcionalmente de la Administración General del Estado, para dotarle de mayor independencia y objetividad, así como garantizar la legalidad y el control financiero y presupuestario.
  • Ningún alcalde ni presidente de Diputación podrá cobrar más que un ministro (68.981,88 euros) ni las retribuciones de la Corporación Municipal podrán suponer más del 0,6 por 100 del total de gastos del Presupuesto municipal.

Además, a través de un segundo Anteproyecto de Ley, se modifica también la Ley Orgánica del Régimen Electoral General con objeto de reducir en un tercio el número de concejales existentes, que pasan de los 68.578 actuales a 47.240. Ello significa que en las próximas elecciones municipales se elegirán a 21.338 concejales menos, lo que supone un 31,1 por 100 de reducción.

Igualmente, se establece un límite máximo de 35 concejales en los municipios más grandes.

Para quien tenga más interés, el Consejo General de los Colegios Profesionales de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración local nos ofrece un enlace al anteproyecto (versión de 22 de diciembre de 2012) desde el blog nosoloaytos.

Un paso adelante en la reforma de las Administraciones Públicas a seguir con atención. Sorprende que no llegue a plantearse la supresión de municipios, porque no deja de impresionar el dato de que en España tenemos más de 6.800 municipios con menos de 5.000 habitantes, y, de ellos, casi 6.000 no llegan a los 1.000 vecinos. El Consejo de Europa llegó a determinar en 10.400 el umbral de vecinos por ayuntamiento para que existan unas finanzas locales saneadas.

Termino ofreciendo algunos comentarios de interés sobre la reforma municipal, que he leído últimamente, aquí y aquí.

_____________________________________________________________

ACTUALIZACIÓN:

Pues parece que no, que la reforma no se tratará en el próximo Consejo de Ministros del día 25 de enero. Así se ha hecho eco el blog Responsables Personal Ayuntamientos de una noticia de EFE, según la cual fuentes del PP habrían manifestado que la reforma será vista más adelante, sin concretar fecha.

Cora y la reforma esperada de las Administraciones Públicas


coraSe vuelve a oír hablar estos días de la reforma de las Administraciones Públicas, dos meses después de que el Consejo de Ministros aprobase la creación de una Comisión para la reforma de las Administraciones Públicas. El motivo inmediato se ha encontrado en el cumplimiento de mandatos anteriores, pero no era extraña su creación, ya que un apartado del Plan Nacional de Reformas 2012 fue dedicado a la Modernización de las Administraciones Públicas y de los Servicios Públicos.

Allí aparecen contenidos los que ahora se declaran principales objetivos de la reforma:

1.    detectar y eliminar las duplicidades,
2.    completar la supresión de organismos públicos,
3.    simplificar la burocracia de cara a la creación de empresas y
4.    centralizar la gestión de servicios.

Los medios se han hecho eco de recientes declaraciones según las cuales la Comisión de Reforma de las Administraciones Públicas hará acopio de las propuestas con las que debe preparar un informe que, previsiblemente, será presentado antes del 30 de junio.

Parece que antes de que esta reforma sea presentada, se aprobaría la de los Ayuntamientos. Se habla del Consejo de Ministros de 25 de enero. Esta reforma buscará la centralización de la gestión de servicios y recursos públicos, por lo que podría suponer la supresión de algunas mancomunidades y una clarificación de competencias municipales, para evitar solapamientos.

En cuanto a las medidas previstas para la reforma de las Administraciones Públicas que se han ido conociendo , pueden enumerarse las siguientes:

– Unificación de los boletines oficiales de las comunidades autónomas “para ganar seguridad jurídica”.

– Permitir que las pyme puedan cumplimentar el papeleo municipal después de haber puesto en marcha el negocio.

– Tutela  del cierre de determinadas empresas públicas existentes y limitaciones para la creación de nuevas entidades.

– Simplificación de los tipos de empresas públicas.

– Evaluación aleatoria los contratos públicos de los ayuntamientos por Inspectores del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

No podemos olvidar que, a primeros de enero, se anunció la creación de un Consejo Asesor, presidido por el Presidente de la Comisión, en el que participarán los sindicatos mayoritarios, las asociaciones empresariales, el secretario general del Defensor del Pueblo, un catedrático de Derecho Administrativo y un representante del Consejo de Consumidores y Usuarios.

Además, la Comisión de Reforma para las Administraciones Públicas ha creado un buzón para conocer de primera mano las experiencias de los ciudadanos respecto de las duplicidades y la simplificación administrativa. Como modo de participación en un momento en que los ciudadanos están en las redes sociales, parece un poco pobre.

Bien, esto es todo lo que deja vislumbrar la transparencia de CORA. Esperemos que a medida en que se incrementen los trabajos se vaya conociendo la orientación de las medidas y se sometan a debate público

¿Qué tal si utilizamos las redes sociales para hablar de todo esto?