@Antonio_Anson
Los sucesos de los últimos días en la Agencia Tributaria, con la dimisión del Director de la Inspección Financiera y Tributaria, cuando no se han apagado los ecos de una polémica anterior, las nuevas destituciones y la promesa de otras, unido a las declaraciones del máximo responsable político (no solo de Hacienda, sino también de Administraciones Públicas), han zarandeado una institución que ha gozado desde su creación en 1992 de un merecido prestigio de profesionalidad ante la sociedad española. Todo esto ha llevado a que se repita como un mantra que los cargos de libre designación son de confianza. Muy alejado del modelo profesional de Administración Pública que proponemos desde aquí.
Antonio Ansón 2013
La libre designación no es un cargo de confianza. Tampoco es un cargo político. Es un puesto para el que se necesitan habilidades que van mas allá de las que es posible valorar en un concurso, por implicar el ejercicio de funciones directivas con mayor o menor responsabilidad.
Si los puestos de libre designación fuesen cargos de confianza, al frente de las posiciones de responsabilidad no encontraríamos necesariamente a los más capaces o preparados, sino a los más afines (por razones de amistad, políticas, sociales, familiares o de otro tipo de afinidad). No hay que negar que algunos puestos han de ser de confianza, un jefe de gabinete, por ejemplo. Igual que un subsecretario o un secretario de estado encajarían bien en el concepto de cargo político. Pero pretender gobernar una institución a base de cargos de confianza no responde a ninguna lógica profesional. Muestra hasta qué punto el concepto de cargo político y cargo de confianza se está generalizando, alejándonos de un gobierno profesional de las instituciones. No es algo nuevo, pero nunca esta cuestión llegó con tanta fuerza a la opinión pública.
Además, mantener públicamente que estos puestos son de confianza da pie a que los ciudadanos entiendan otra cosa. Como muestra traigo un comentario a la noticia de El Mundo «Cadena de destituciones por teléfono en la Agencia Tributaria»
Se necesitaría toda una vida para responder a los comentarios que han sido expresados en los medios digitales y las redes sociales, para aclarar los conceptos y el funcionamiento interno de las Administraciones, donde profesionalmente trabajan al servicio del ciudadano muchos empleados públicos, en puestos de concurso o de libre designación. Pero la idea que ha transcendido es la que refleja el comentario anterior, desazonante para cualquiera que pretenda una Administración moderna y profesional.
Si para cubrir puestos en la Administración no se atendiese a criterios de profesionalidad acreditables, sino exclusivamente a la confianza, se estaría comprometiendo profundamente el ejercicio de la función directiva en la Administración Publica. La gravedad reside en que el nombramiento y relevo de cualquier cargo político de la máxima responsabilidad en un organismo público llevaría aparejada la destitución de todos los colaboradores que ejerciesen funciones de jefatura. Salvo, quizá, los afortunados que gozasen de la confianza del nuevo jefe.
Como forma de organización de la dirección de un organismo, este sistema provocaría una defectuosa gestión del talento, ya que un sistema basado en la confianza personal no asegura una gestión profesional y responsable, sino tan solo una gestión fiel. Fiel no a la Administración o a los intereses ciudadanos. Solo fiel a quien los ha nombrado.
Además, provocaría que quedasen separados de tareas directivas funcionarios que desarrollan adecuadamente su función, por no gozar de la confianza del nuevo dirigente como única o principal razón.
Entender que la libre designación es una gestión basada en la confianza es realizar un salto en el tiempo hacia una España que retrató con maestría Benito Perez Galdós (me viene a la memoria la magistral novela Miau). Un cambio político provocaba un aluvión de cesantes. No es que una gestión inadecuada de la libre designación nos lleve a la España de final del XIX. Pero sin embargo cambiar con cada cambio político los puestos de relevancia, atendiendo a la confianza personal que merezcan, es la negación de la profesionalidad de la dirección publica.
La profesionalidad de los empleados públicos, la evaluación del desempeño de todos los cargos de responsabilidad de las Administraciones públicas y un ejercicio transparente del poder son los mecanismos que pueden acercarnos hacia la Administración Pública que necesita España.
Frente a esto, el cargo de confianza propicia una situación de riesgo objetivo de injerencias políticas. Y es evidente que en este momento las instituciones necesitan ganar en confianza frente a los ciudadanos. No crear nuevos recelos.
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